Con la intervención de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, concluyó este miércoles, poco después de las 13 la primera audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia en el marco de la disputa entre el Estado y el Grupo Clarín en por la ley de Medios.

El máximo tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta este jueves a las 10 cuando escucharán a las partes involucradas en la causa, ocasión en que los propios ministros de la Corte, a partir de la información recabada hoy gracias a las presentaciones de los amicus curiae, podrán hacerles preguntas antes de resolver, sin plazo fijo, acerca de la constitucionalidad o no de cinco artículos de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

En su presentación, Gils Carbó aseguró que "la concentración mediática es contraria a la libre información y a la libertad de expresión" y pidió a la Corte Suprema que "dicte un fallo histórico" y se pronuncie "a favor de la constitucionalidad de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual".

"Le pido a la Corte que valore el peso relativo de los reales intereses de un grupo de no desinvertir y mantener la concentración mediática y otros intereses que tutelan los derechos fundamentales de la libertad de expresión y la soberanía del pueblo", dijo la funcionaria judicial al exponer ante el máximo tribunal del país.

La Corte escuchó hoy a los amicus curiae o amigos del tribunal que defienden la posición de las partes enfrentadas por la ley de Medios en el marco del debate jurídico y político más caliente que se haya dado en la justicia.

Para ingresar a la sala de audiencias en el cuarto piso del Palacio de Justicia donde se desarrolló la audiencia, el público asistente, periodistas y los representantes de las distintas organizaciones que defienden las posiciones antagónicas, debieron sortear un fuerte operativo de seguridad montado fuera y dentro de los Tribunales.

Con la asistencia perfecta de los siete miembros de la Corte Suprema de Justicia, la audiencia comenzó puntualmente a las 10, y fue rigurosa en cuanto a los tiempos de exposición que tuvo cada uno de los amicus, 15 minutos, controlados por un reloj digital que indicaba el momento de finalización de cada orador.

Están en juego en el debate, el artículo 45 que prohíbe que un mismo operador acumule licencias de TV, radio y cable. Además, prohíbe que un cable acapare más del 35 por ciento de la audiencia del país y que un operador de cable, en una misma zona, tenga un canal de aire.

También el artículo 161 de la ley obliga a Clarín a desprenderse de las licencias que exceden esos límites.

El multimedios dice que los límites del artículo 45 son irrazonables. La Cámara, en parte, le dio la razón, los cables no puede estar sujetos a ningún límite, porque no usan el espectro radioeléctrico Clarin también sostiene que el artículo 161 afecta derechos adquiridos, porque obliga a vender licencias cuyo plazo no venció.

A favor del Grupo Clarín expusieron el jurista Asdrúbal Aguiar, por el Observatorio Iberoamericano de la Democracia; Eduardo Oteiza, por la Asociación de Empresas de TV Pagada para Iberoamérica; Luis Pardo y Carlos Laplacette, por la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) y la Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina (ADEPA); Andrés Gil Domínguez y Eliseo Verón, por el Comité del Consumidor (Codelco) y el abogado Lucas Sebastián Grossman.

En tanto, el Estado tuvo el respaldo de Víctor Abramovich y Carlos Ruta, por las universidades nacionales de Lanús y de San Martín; Horacio Verbitsky y Gastón Chiller, por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Miguel Julio Rodríguez Villafañe, por la Confederación de Cooperativas, y Beinusz Szmukler, por la Asociación Argentina de Juristas.

Para organizar el debate, se determinó que expusieran uno por Clarín y otro por el Estado, sucesivamente. El debate comenzó con las argumentaciones a favor de la posición del grupo por la inconstitucioanalidad de los artículos cuestionados de la ley de medios.

Asdrúbal Aguiar por el Observatorio Iberoamericano de la Democracia, propuesto por el grupo Clarín, consideró que los artículos cuestionados como "arbitrarios","ilegítimos" y "absurdos".

Según el representante del OID, aquellos artículos son "contradictorios con la normativa iberoamericana" establecida por la Organización de Estados Americanos y la Convención Iberoamericana de Derechos Humanos".

Luego Beinusz Szmukler por la Asociación Argentina de Juristas criticó duramente el fallo de la Cámara Civil y Comercial Federal que se inclinó por la inconstitucionalidad de parte del artículo 45, al considerar que la resolución fue "un obrar antijurídico y una violación del Poder Judicial a la división de poderes". Instó a la Corte a dictar un fallo que ponga punto final a la "vergonzosa demora" que impide generar y recibir una información veraz.

También expuso Eduardo Oteiza, por la Organización de Asociaciones de Empresas de Televisión Pagada para Iberoamérica, a favor de la posición de Clarín. Hizo hincapié en que la industria del cable no afecta el espacio radioeléctrico.

Por su parte, Carlos Ruta por la Universidad Nacional de San Martín, puso el eje en el "interés público" y aseguró que "no puede alegarse una razón económica que suponga poner en riesgo la libertad de expresión". "Están en juego la libertad fundamental y la democracia o los poderes salvajes" advirtió.

Luis Pardo y Carlos Laplacette por la -Asociación de Entidades Asociación Internacional de Radiodifusión Periodísticas Argentinas (ADEPA), a favor de la posición de Clarín, advirtieron sobre el retroceso de la libertad de expresión.

A su turno, el CELS cuyo orador Horacio Verbitsky a favor del Estado admitió celebrar la iniciativa de la Corte a favor de la transparencia, advirtió sin embargo que no coincide con la modalidad que implementó sobre los amicus curiae, pero que no lo iba a cuestionar para "no agravar la paralización de la ley". "Además de las partes, hay un país afuera", dijo a los integrantes de la Corte. Los argumentos a favor de la constitucionalidad de la ley fueron expuestos por su compañero del CELS Damian Loretti.

Por otra parte, Cynthia Ottaviano, en tanto Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual aseguró que "es tiempo de terminar con la posiciones dominantes o monopólicas..., hablamos de un grupo que silenció un genocidio" y pidió la declaración de constitucionalidad de la ley para "poner en práctica mecanismos que impidan la monopolización y que se tome a la información como un derecho y no como una mercancía".

Este jueves a las 10 la Corte recibirá a los representantes a quienes, tras escuchar sus respectivas presentaciones podrán formular preguntas.