La jueza María Romilda Servini de Cubría ordenó la búsqueda y captura de cuatro antiguos miembros de las fuerzas de seguridad españolas supuestamente involucrados en delitos de represión durante el franquismo. En una decisión sin precedentes para los crímenes de la última dictadura española, las órdenes de detención dictadas a través de Interpol afectan a Jesús Muñecas Aguilar, Celso Galván Abascal, José Ignacio Giralte y Juan Antonio González Pacheco, alias "Billy el Niño", explicó el abogado querellante Máximo Castex.

Muñecas Aguilar, capitán de la Guardia Civil, fue condenado a cinco años por rebelión militar y expulsado del cuerpo por su participación en el golpe de Estado del 23-F de 1981. Celso Galván Abascal, inspector de la brigada político-social durante la dictadura franquista y escolta del dictador Francisco Franco, fue absuelto del asesinato del estudiante Enrique Ruano en 1969. José Ignacio Giralte González, también miembro de la brigada, fue comisario del Cuerpo Nacional de Policía y su nombre aparece en al menos cuatro de las querellas presentadas en Argentina asociado a torturas a miembros del movimiento estudiantil.

Juan Antonio González Pacheco (alias Billy el Niño), que aparece hasta en 17 querellas del franquismo por delitos de torturas, fue citado a declarar en los procesos por el asesinato de los abogados de Atocha y en juicios relacionados con grupos paramilitares antiterroristas, así como condenado por malos tratos, pero se benefició de la ley de Amnistía de 1977. La resolución de la jueza, de 200 páginas, pide la detención de los cuatro para tomarles declaración indagatoria y, según Castex, incluye un exhorto al Gobierno español para colaborar en su localización.

Entre los argumentos, la jueza Servini de Cubría retoma informes de Amnistía Internacional sobre los crímenes del franquismo, el testimonio del ex juez español Baltasar Garzón y las declaraciones de las víctimas y de sus familiares. "Es una decisión sin precedentes que abre una esperanza a las víctimas", apuntó Castex, abogado querellante en la causa abierta en Buenos Aires en 2010 por "delitos de genocidio y/o lesa humanidad" cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, que abarca el periodo de julio de 1936, cuando se produjo el levantamiento militar, al 15 de junio de 1977.

Castex apuntó que tras este primer paso, las víctimas esperan nuevas órdenes de detención de altos funcionarios de la dictadura y magistrados. También para el abogado de la querella Pompeyo Ramos se trata de "un paso de gigante" para la causa, "una revolución para el mundo de la jurisprudencia" similar a la que se produjo cuando la Audiencia Nacional española procesó a los dictadores Augusto Pinochet o Jorge Rafael Videla.

A la causa se sumaron la pasada semana denuncias por robo de bebés en España. Fue abierta en 2010 por Servini de Cubría, por delitos cometidos durante el franquismo. Además, está previsto que una delegación española integrada por doce demandantes en la causa viaje a Buenos Aires para entrevistarse con la jueza el próximo 20 de noviembre.

Por Continental, Manuel Blanco Chivite, ex preso de las cárceles franquistas, señaló desde Madrid que "la lectura básica, de alcance histórico es que por primera vez esta decisión de la jueza de detener a estos cuatro torturadores implica que comienza a quebrarse la impunidad absoluta del franquismo y la monarquía juancarlista. Es el primer hecho concreto que abre una brecha en esta impunidad indiscriminada que han otorgado a los verdugos del franquismo todos los gobiernos de la monarquía juancarlista hasta hoy", destacó en La Mañana.