El Arzobispado de Mendoza deberá resarcir con 30 mil pesos a un joven que sufrió un abuso por parte de un sacerdote, tras una demanda que inició en 2010 por daños y perjuicios, según indicaron fuentes judiciales.

Iván González realizó una denuncia ante el Arzobispado mendocino, en el año 2001, contra un sacerdote que lo había abusado sexualmente.

Sin embargo, cuando el joven intentó interiorizarse de cómo iba el proceso en contra del sacerdote, a través del Arzobispado, las autoridades eclesiásticas no le daban respuesta.

Por ese motivo, en 2010 González presentó un pedido de informes a la entidad, lo que consideraron "improcedente", por lo que luego inició una demanda por daños y perjuicios ante la Justicia.

Entonces la Cuarta Cámara de Apelaciones resolvió que el Arzobispado debe pagar 30 mil pesos al demandante a modo de resarcimiento.
El abogado Carlos Lombardi, representante de González, destacó que el joven no optó por denunciar penalmente el abuso en sí -que además había prescripto- sino a iniciar una causa por daños morales.

El letrado indicó que la demanda se inició porque implica que con el accionar del Arzobispado "se violó su derecho constitucional a la información fundada y a conocer la verdad, como también a participar de ese proceso".

Cuando el caso llegó a la Justicia en primera instancia, en el 7° Juzgado en lo Civil, González pudo acceder a datos que le habían sido negados hasta ese momento.

Entre esos datos figuraba que el sacerdote que abusó de él se alejó de la Iglesia en 2010.

Lombardi comentó que espera que el Arzobispado de Mendoza decida actuar en concordancia con la "atmósfera de transparencia" del Papa Francisco, quien ha puesto énfasis en investigar los casos de pedofilia en la Iglesia Católica.

Iván González fue hasta una parroquia en el departamento de San Martín, al sur de la capital mendocina, con intenciones de iniciarse en el sacerdocio.

Sin embargo, en 2001 denunció en el Arzobispado que había mantenido una relación de dos años con un sacerdote, quien había abusado de él, ya que más allá de que no era menor, se trataba de "un mayor vulnerable por haber un vínculo asimétrico".

La demanda presentada luego ante la Justicia no estaba tanto enfocada en el abuso sexual en sí mismo, sino en cómo lo afectó el que se le negara la posibilidad de conocer cómo avanzaba el procedimiento de investigación.