El fiscal insiste en pedir indagatoria por el derrumbe de boliche en 2010
Andrés Madrea ahora a todos de haber celebrado una "acuerdo espurio", de "entrega de dinero en forma periódica" y de "omitir controles" que habrían evitado el siniestro.
El fiscal de instrucción Andrés Madrea insistió en el pedido de indagatoria para empresarios, funcionarios y policías acusados por el derrumbe de un entrepiso en el boliche Beara, que el 10 de septiembre de 2010 causó la muerte de dos jóvenes, informaron hoy fuentes judiciales.
El representante del Ministerio Público detalló, en su cuarta presentación, los cargos que le atribuye a los imputados, como se lo solicitó en enero la jueza de instrucción Alicia Iermini al rechazarle otra petición de indagatoria.
El fiscal acusó ahora a todos de haber celebrado una "acuerdo espurio", de "entrega de dinero en forma periódica" y de "omitir controles" que, de haberse realizado, hubieran podido evitar el siniestro en el boliche del barrio de Palermo.
Por esto, volvió a requerir que declaren los ex funcionarios macristas Martín Farrell, Pablo Saikaukas y Norberto Cassano, además de los empresarios Carlos Mustapich, Isaac Rasdolsky, Juan Carlos Yun, Agustín Dobrila, Roberto Kattan Coria, Iván Andrés Fliess, Ronaldo Fliess y Agustín De Grazia.
Asimismo, solicitó la indagatoria de los gestores Leandro Camani y Matías Pantarotto, los comisarios de la Policía Federal Rodolfo Cabezas y Luis Acosta, los subcomisarios Osvaldo Bachmann, Guillermo Erdman, Julio Alfredo González, Claudio Lorenzo, Gustavo Lombardo y el sargento Gustavo Flamino.
En un escrito de 50 páginas, el fiscal atribuyó a todos de "haber intervenido y\o celebrado un acuerdo espurio, concretado con la entrega de dinero periódico y\u ocasional, con los máximos responsables y\o agentes de la Policía Federal Argentina" y circunscribió esa maniobra al "ámbito de actuación" de la comisaría 25 durante el período 2007-2010, es decir desde el comienzo de la actividad de Beara.
Madrea también acusó a los policías de haber "omitido controles y deberes que les competen por ley debido a los cargos y funciones que revisten, subvirtiendo así el poder de policía que ostentaban a modo de facilitar, evitar detectar, hacer cesar o sortear la ocurrencia de irregularidades permitiendo de manera deliberada de disponer o llevar a cabo tareas de prevención frente a las periódicas contravenciones en las que incurrían".
El 10 de septiembre de 2010 el derrumbe de un entrepiso en el boliche Beara causó la muerte de Ariana Beatriz Lizarraga, de 21 años, y Paula Leticia Provedo, de 20.
En septiembre de 2012 la jueza Iermini sobreseyó a todos los funcionarios porteños imputados y exculpó a los dueños y administradores del local por el delito de "cohecho", pero accedió al pedido de juicio oral por "doble homicidio culposo y lesiones culposas".
La Cámara del Crimen revocó ese fallo y ordenó profundizar la investigación sobre los funcionarios gubernamentales y policiales.
Desde entonces, la causa no registró avances.