La Junta de Seguridad en el Transporte (JST) ha publicado un informe preliminar sobre el accidente aéreo del 18 de diciembre en el Aeropuerto Internacional de San Fernando. Este incidente involucró a un avión Bombardier Challenger 300, matrícula LV-GOK, que se estrelló al regresar de un vuelo desde Punta del Este.

El informe destaca que la trayectoria del vuelo en cuestión exhibió diferencias notables en comparación con las aproximaciones anteriores a la misma pista. Las marcas encontradas en el terreno sugieren que ambos planos de la aeronave colisionaron con árboles situados en la intersección de las calles José Terry y Charlin, lo que resultó en la dispersión del combustible de la aeronave en el área circundante.

En relación a la infraestructura del aeropuerto, se identificaron varios obstáculos. Uno de los aspectos más significativos fue la presencia de aeronaves en desuso, las cuales obstaculizaban el tránsito rápido de los camiones de bomberos. Muchas de estas aeronaves no estaban ancladas al suelo y carecían de cuñas de estacionamiento adecuadas.

Adicionalmente, se observó que el perímetro de la plataforma en dirección a la pista estaba delimitado por una zanja de desagüe abierta. Según el testimonio del personal de bomberos, ninguno de los vehículos operativos poseía la capacidad de vadeo necesaria para cruzar esta zanja en situaciones de emergencia.

También se constató que la conexión de repostaje de agua no proporcionaba la presión adecuada para permitir una carga rápida de los tanques, una situación que se encuentra actualmente bajo investigación. Además, se observó que la tolva de carga rápida de espuma requería que el personal accediera al techo del vehículo, el cual no contaba con barandas de protección, ni había una escalera que facilitara un acceso rápido y seguro.

En cuanto a los daños sufridos por la aeronave, se determinó que la mayor parte de los estragos en la cabina de pasajeros fueron provocados por un incendio. Por el contrario, la cabina de mando, donde se encontraban los tripulantes, mantuvo su integridad estructural incluso después de que se extinguiera el fuego.

El parabrisas derecho presentaba daños que, según el personal de rescate, fueron causados por las labores de rescate realizadas. También se notó que la puerta mostraba signos de activación del mecanismo de apertura, aunque no se ha determinado quién lo activó.

El informe de la JST no establece conclusiones sobre culpabilidades o responsabilidades administrativas, civiles o penales respecto de los hechos investigados. La investigación ha sido delegada a la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien ya ha recibido el material pertinente para continuar con el proceso investigativo.