La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó esta tarde alrededor de 20 allanamientos en domicilios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pertenecientes a empresas de taxis, sobre las que existen sospechas de contar con más de 450 choferes en condiciones laborales irregulares, sin aportes ni contribuciones previsionales, y de provocar un perjuicio al fisco de al menos 18 millones de pesos en los últimos tres años.

El organismo señaló que la maniobra habría sido desarrollada a través de una asociación ilícita integrada por “cinco grandes grupos de personas” que utilizaron 355 sociedades con los mismos socios y el mismo domicilio, mediante las cuales se contrataban a los conductores pero sin registrarlos, abonándoles los salarios “en negro” y ocultando su calidad de empleados, al designarlos como socios de las mismas.

Para la AFIP, las 355 sociedades con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, se constituyeron a partir de que un particular las inscribía con el mismo objeto y domicilio legal, bajo la presidencia de una persona y después transfería las licencias personales a favor de las sociedades, tal la denuncia radicada en el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario 1, a cargo del juez Javier López Biscayart.

En el marco de la causa por evasión, la justicia dio lugar a los allanamientos donde se comprobaron las condiciones irregulares que padecían estos choferes de taxi, en una maniobra organizada por un grupo de personas con apoyatura de contadores y escribanos.

La operatoria se detectó a partir de que la AFIP, mediante la Obra Social de los Peones de Taxis de la ciudad de Buenos Aires -OSPETAX-, tomó conocimiento de un gran número de trabajadores no registrados quienes no tenían los aportes previsionales correspondientes, lo que permitió detectar la creación de las sociedades para la explotación de las licencias.

Estas sociedades mantenían a los choferes sin registrar, abonándoles los salarios “en negro” y ocultando su calidad de empleados, al designarlos como socios de las mismas, debido a lo cual se incumplían las obligaciones con la seguridad social y se privaba a los trabajadores de los aportes para su futura jubilación.

La maniobra consistía en otorgar de forma simulada la calidad de socio a quienes en realidad eran sus empleados, para lo cual particulares procedían a inscribir sociedades comerciales con el mismo objeto y domicilio legal y bajo la presidencia de una misma persona.

Luego, transferían las licencias que poseían a título personal, en favor de las sociedades, reservando para los peones de taxi el papel de socio, quedando así los verdaderos titulares de las licencias exentos de la obligación de aportar como empleado en relación de dependencia.

De la investigación realizada se observó que en el último tiempo, al menos unas 355 sociedades se constituyeron para realizar esta maniobra, siendo más de 450 los choferes privados de sus derechos como trabajadores en relación de dependencia por la evasión que se investiga.

Según las primeras estimaciones, el perjuicio fiscal se estima en al menos 18 millones de pesos de aportes y contribuciones a la Seguridad Social no ingresados durante los últimos tres años, en una maniobra detrás de la cual se detectaron al menos cinco grandes grupos de personas, asesoradas por un grupo de contadores y escribanos que podrían ser partícipes del delito.

La pena prevista para el delito de evasión de aportes y contribuciones en el Régimen Penal Tributario es de dos a seis años de prisión, pero de comprobarse la utilización de testaferros podría caber la pena agravada de tres años y seis meses a nueve años de prisión.

Además, según lo establece el artículo 14° del Régimen Penal Tributario, las sociedades que realizan este tipo de maniobras son susceptibles de recibir también sanciones penales, por lo que se inactivaron las CUIT de las sociedades vinculadas a la maniobra y de los miembros de la banda.