El ex titular de la Side durante la gestión menemista, Hugo Anzorreguy, alegando una recomendación médica, se negó hoy a prestar declaración indagatoria ante los integrantes del Tribunal Oral Federal 2, en el marco del juicio que se lleva adelante por el encubrimiento del atentado a la Amia. "Por recomendación de mis médicos, no voy a declarar", aseveró esta mañana el ex funcionario, de 77 años, quien, luego, al responder la requisitoria de sus datos personales por parte del Tribunal, dudó y, finalmente, no pudo dar cuenta de su número de documento nacional de identidad. 

La semana pasada, a instancias de un informe de peritos médicos, los jueces Jorge Gorini, Néstor Costabel y Karina Perilli habían rechazado un planteo de la defensa de Anzorreguy, que había pedido excluirlo del debate por razones de salud. De este modo, esta mañana, Anzorreguy asistió por primera vez al juicio oral y público que se ventila desde el 6 de agosto pasado por el encubrimiento del atentado a la Amia, en los Tribunales Federales de Comoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro. 

Luego de que Anzorreguy se negara a declarar, el TOF2 procedió a leer las declaraciones que el ex funcionario había presentado por escrito durante la instrucción de la causa, en las que deslindaba cualquier tipo de responsabilidad en relación a la denominada “pista siria” y al presunto pago de 400 mil dólares para acusar a policías bonaerenses. Allí, el ex titular de la Side durante el gobierno de Carlos Menem se defendía diciendo que, “durante toda la investigación” del atentado perpetrado el 18 de julio de 1994, había puesto “a disposición todo” lo que tenía a su alcance, acorde con la orden que le había impartido el entonces presidente. 

“No me correspondía investigar a mí la actividad que realizaba el juez (en alusión a Juan José Galeano), ni para qué usaba el dinero, ni para qué necesitaba viajar a un determinado lugar. Sólo evaluaba las posibilidades fácticas de cumplir sus requerimientos”, señalaba Anzorreguy en uno de los escritos. En este sentido, sostenía que, a los pocos días de ocurrido el ataque, había recibido “expresa orden” del ex presidente de facilitarle al juez “todos los recursos” que fueran necesarios para que pudiera avanzar con el proceso para identificar a los responsables del ataque.