Atentado a la AMIA: declaran a la Argentina responsable por violación de los DD. HH. de las víctimas
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado indemnizar a las víctimas, garantizar el acceso a la información y remover obstáculos que mantienen la impunidad, así como realizar un acto de reconocimiento internacional de la responsabilidad del Estado argentino.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado a Argentina responsable por la violación de los derechos de las víctimas en el esclarecimiento del atentado a la AMIA, ocurrido hace casi 30 años. El fallo se basa en la aceptación previa del Estado argentino durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Alberto Fernández.
La Corte concluye que el Estado incurrió en graves faltas en su deber de investigar uno de los mayores atentados terroristas de la región. Se ha ordenado al Estado indemnizar a las víctimas, se determinó que clasificar la información de los servicios de inteligencia como reservada es contrario al derecho a buscar y recibir información, y se impone remover obstáculos que mantienen la impunidad y realizar un acto de reconocimiento internacional de su responsabilidad.
La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia y dará por concluido el caso una vez que el Estado haya cumplido con lo dispuesto.
El atentado a la AMIA en 1994 provocó la muerte de 85 personas y desde entonces se han llevado a cabo varios juicios. En el juicio por la conexión local, se absolvieron a los acusados debido a irregularidades en la investigación. En el juicio por encubrimiento, se condenó al ex juez Juan José Galeano, ex fiscales y otros implicados.
En abril pasado, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la mayoría de las condenas por las irregularidades cometidas en la investigación. En 2022, la funcionaria del Ministerio de Justicia de la gestión de Alberto Fernández acusó a quienes estaban a cargo del poder público de encubrir la verdad y torcer la investigación.
La Corte IDH ha determinado medidas de reparación integral, incluyendo la obligación de investigar, medidas de satisfacción, garantías de no repetición e indemnizaciones compensatorias.