Causa desasosiego la inminente imposición de una ley que arremete contra la producción de biocombustibles. Aparentemente (la iniciativa aún no ha sido presentada formalmente aunque circula en los despachos), el gobierno pretende tratarla entre gallos y medianoche y hacerla entrar en vigor el próximo 1 de junio. No hay posibilidades reales de construcción de consensos informados en tan poco tiempo.

En resumen, el borrador oficialista disminuye el porcentaje mínimo obligatorio de corte de biocombustible sobre los combustibles fósiles. O sea, de requerir un mínimo obligatorio de 12% y 10% para etanol en nafta y biodiesel en el gasoil, las petroleras solo tendrían que incorporar un 7,5% y 5% respectivamente. Eso significa menor producción para los ingenios y los cosechadores de granos, muchísimo menos empleos y menos posibilidades de valor agregado en origen para nuestra economía en general.

Además, otorga a la autoridad de aplicación mayor discrecionalidad y lo más grave: genera mucha más daño medioambiental. Claramente, está emboscada al aparato productivo y al ecosistema está fogoneada desde sectores petroleros y atenta contra el sustento de miles de familias de al menos 10 provincias productoras.

Carecen de argumentos éticos, ecosistémicos o incluso económicos para defender una iniciativa así de perjudicial. Plantean arbitrariedades varias y existen situaciones discriminatorias: unos productores seguirían promocionados y otros no (dependiendo del tamaño o el uso de materia prima).

Una vez más, el gobierno amenaza con dañar al aparato productivo y avanzar sin el conjunto de reflexiones que amerita un tema complejo y abarcativo como la matriz energética, transversal a la economía en general, la fiscalidad, el federalismo, el medioambiente, la integración regional y el espectro de oportunidades adyacentes para nuestro país.

Paralelamente existe un proyecto recién aprobado en el senado y de manera transparente y consensuado. Propone la prórroga por otros cuatro años del actual régimen, con sus mínimos de corte obligatorios en los mismos porcentajes, los cuales han ayudado a generar inversiones y desarrollar las economías regionales. No tengo dudas: debemos prorrogar lo discutido y aprobado en el senado en vez de improvisar con una ley impuesta.

En vez de esperar cuatro años, debemos dar esa nueva discusión sobre la regulación de los biocombustibles en los meses venideros y abrir las puertas para que todos los actores involucrados aporten y podamos construir una ley favorable. Hace quince años no había tanta información sobre las maneras de subsanar las huellas de carbono, o sobre el desarrollo de los subproductos derivados en la generación de energía.

El espectro de posibilidades se ha multiplicado y con él las posibilidades de Argentina de volverse un proveedor confiable para el resto del mundo. La economía circular es la más nueva de las tendencias que debemos profundizar.

En la producción de biocombustibles lo podemos ver: un productor de granos transforma su producto primario en combustible. El subproducto se utiliza para alimento y los remanentes orgánicos de origen vegetal o animal se almacenan y producen una reacción de la que se puede obtener energía. Muchos eslabones de una cadena más compleja y valiosa.

El aprendizaje es cada vez más beneficioso para el país. No podemos quitarle la oportunidad a los productores de seguir desarrollando este círculo virtuoso y contribuyendo a una economía sustentable para el medioambiente. Ya existen cooperativas de industrialización donde antes era solamente economía primaria. Cooperación y competencia. Tejer redes para seguir apostando a la generación de riqueza y empleo.

No podemos relegar a los protagonistas a un rol secundario, desconociendo las inversiones realizadas y recortando el horizonte de su planificación por un capricho incomprensible. O callando su experimentada voz. La ceguera del gobierno va a contramano del mundo desarrollado en lo que respecta a los modos de generación y consumo de energía.

Los cambios en nuestra manera de vincularnos con los recursos deben ser rápidos y profundos, impulsados por normas que tengan sentido y por una cultura regenerativa que las complemente. El objetivo de alcanzar una economía sustentable es urgente debido a la degradación ecosistémica que los seres humanos hemos causado al planeta. Más que nunca, necesitamos políticas públicas que estimulen, como mínimo, el reemplazo gradual de los combustibles fósiles por otros tipos de energía.