La defensa de José María Campagnoli, el suspendido fiscal de Saavedra sometido a un jury que quedó frenado tras la renuncia de una jurado, presentó hoy un escrito ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público para sostener que el proceso "ha terminado" y que el funcionario "debe volver a su puesto".

En el escrito al que accedió DyN, los abogados de Campagnoli, Ricardo Gil Lavedra e Ignacio Irigaray, renovaron el planteo para que el Tribunal "deje sin efecto" la suspensión de Campagnoli porque, de lo contrario, esta situación "se está convirtiendo en manifiestamente ilegal y arbitraria".

Pero además la defensa aseguró que como nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho "este juicio político ha terminado y así debe declararse", mientras sostuvo que "queda en evidencia a esta altura de los acontecimientos no hay motivos que justifiquen la continuación de la suspensión cautelar".

"El juicio se hizo, Campagnoli ya se ha defendido y nada hay relativo al mejor servicio que pueda fundar el mantenerlo alejado de su cargo. Por el contrario, se esta convirtiendo en una sanción anticipada, con grosera lesión del articulo 18 de la Constitución Nacional", advirtieron los abogados.

Este reclamo llega justo cuando mañana los seis miembros del Tribunal tienen previsto reunirse a puertas cerradas para intentar salir del pantano en el que quedaron con la renuncia de la representante de la Defensoría Pública en el jury, María Cristina Martínez Córdoba.

Si bien la suspensión de Campagnoli dura oficialmente hasta fines de octubre, la defensa está reclamando ahora que su cliente vuelva a su puesto y amenaza con llevar la pelea a los estrados judiciales algo que, de alguna manera, haría llegar a esa fecha sin una resolución definitiva.

Campagnoli estaba a cargo de la fiscalía de Saavedra y Núñez, mientras subrogaba la Secretaría de Investigaciones Penales (SIPE) y la fiscalía 10, donde se tramitaba una denuncia por extorsión contra Federico Elaskar.

Elaskar estaba a cargo de la financiera SGI conocida como "La Rosadita" y apareció en abril de 2013 -en el programa "Periodismo para Todos"- diciendo que allegados al empresario Lázaro Báez lo habían presionado para quedarse con esa firma.

Si bien tras ese programa televisivo se abrió una pesquisa en la Justicia federal para investigar a Lázaro Báez por lavado de dinero, Campagnoli reflotó esa vieja causa por extorsión y avanzó sobre sociedades vinculadas a Báez en lo que, supuestamente, fue la ruta a paraísos fiscales para enviar activos no declarados al exterior.

Por disposición de la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, Campagnoli fue apartado de la subrogancia de la fiscalía 10 mientras se recibían denuncias contra el funcionario y se abrían sumarios para investigarlo.

Campagnoli envió un escrito en duros términos a la Procuradora reclamando volver al frente de esa fiscalía y terminó denunciado ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal, que en diciembre pasado lo suspendió sin goce de sueldo -algo que después la Justicia revocó- para someterlo a un jury por presunto mal desempeño.

A mediados de junio Campagnoli comenzó a ser enjuiciado en un proceso en donde se debatía si se había inmiscuido en una causa que no le correspondía, si había aportado información a la prensa y si se había sublevado contra la procuradora.

El juicio estaba a cargo de los mismos jueces que lo habían suspendido: Daniel Adler (Procuración), María Cristina Martínez Córdoba (Defensoría), Ernesto Kreplak (Ejecutivo), Rodolfo Ojea Quintana (Senado), Juan Octavio Gauna (Corte Suprema), Francisco Panero y Adriana Donato (ambos abogados).

El día de los alegatos, Martínez Córdoba se enfermó y su licencia terminó frenando el proceso por más de diez días, plazo máximo autorizado para que un debate se encuentre suspendido.

Mientras el jury se caía, Martínez Córdoba presentó su renuncia al cargo y ahora los seis jurados que quedan están "empantanados" pues no definen quién debe ser el séptimo juez para tomar cualquier decisión sobre el futuro de Campagnoli.

El debate es si debe asumir el suplente Leandro Miño, que no estuvo presente en las audiencias y fue recusado por la fiscalía que acusa a Campagnoli, o Nicolás Toselli, de los tribunales de La Plata elegido de apuro frente a esta situación.