El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, anunció que el gobierno nacional descontará el subsidio al transporte público que no preste servicios el próximo jueves durante el paro general de actividades convocado por la CGT disidente que lidera el camionero Hugo Moyano. El funcionario añadió que se convocará en las próximas horas a una "Comisión de Garantías", para definir los alcances de la medida de fuerza y emitir un dictamen sobre el efecto que la protesta tendrá sobre los servicios públicos esenciales, conformado por trenes, colectivos, aviones, camiones y hasta una parte del subte porteño.

Así lo anunció durante su habitual encuentro con los periodistas en Casa de Gobierno, en la que señaló que la Comisión de Garantías -prevista por ley- "está integrada por especialistas en derecho colectivo designados a propuestas de las partes con el propósito de analizar el pleno respeto de los derechos de huelga". Por último, indicó que el grupo de trabajo emitirá "un dictamen que se va a publicar sobre el funcionamiento (del paro) y cómo afecta" a los servicios ese día.

   Emergencia de seguridad en Buenos Aires
Capitanich que constituye una "decisión propia", en uso de sus "facultades y competencias" la decisión del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, de lanzar un plan de emergencia en materia de seguridad que se extenderá por un año. "Constituye una decisión propia, que emana de la autoridad competente, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y fue tomada en uso de sus facultades y competencia. El habrá hecho un análisis pormenorizado de la problemática de seguridad en su provincia y tomó las medidas que consideró apropiadas", apuntó,.

Aclaró que "los hechos delictivos siempre ocurrieron" y remarcó que "ha habido un cambio de agenda" por parte de los medios de comunicación que pusieron el tema de la seguridad en el nivel más alto. En este marco, el funcionario señaló que "siempre ocurren hechos positivos y hechos negativos", y dijo que "siempre se maximizan los negativos". También consideró que el tema de la seguridad es "de carácter transversal, y de complejidad", y señaló que por ese motivo involucra "al Congreso de la Nación", que es "el ámbito donde debe discutirse". 

   Calidad legislativa y políticas de seguridad
Asimismo, exhortó a "no asociar el número de iniciativas con la calidad de diseño de las mismas" y sostuvo que la sanción de normas en materia de seguridad no debe estar atada a "una estrategia demogógica" para favorecer a un "candidato presidencial". En este sentido, destacó la sanción en la última década de ocho leyes vinculadas con la seguridad y sostuvo que sus resultados "no necesariamente son positivos" y remarcó que, muchas veces, legisladores "promueven iniciativas que no tienen la consistencia mínima para convertirse en una norma legal que tenga buenos resultados". 

Además, el jefe de ministros puso el acento en la necesidad de "una mayor inclusión, una mayor equidad y resocialización de aquellos condenados que estén a punto de cumplir sus condenas", y remarcó que "lo que se ha hecho en materia de inversión en seguridad pública en la República Argentina no tiene precedentes en los últimos 30 años de democracia".

En este marco, subrayó que "hoy son 108 mil los agentes federales" y que hubo "un incremento extraordinario de patrulleros y de tecnología disponible", pero indicó que "aun con más inclusión y mejoramiento de las condiciones de equidad, no necesariamente va a resolverse el problema si no hay una concurrencia adecuada de la aplicación de las normas legales". 

   Inversión sanitaria
En otro orden, ponderó la "fuerte inversión" que realiza el Estado en políticas sanitarias, que se traduce en "infraestructura para nuevos hospitales, para incorporar tecnología, recursos humanos calificados", y busca "garantizar el acceso a la salud por parte de la población". Ejemplificó que la Argentina "se mantiene como líder de trasplantes de órganos" y redujo la mortalidad infantil y materna.