Conferencia de la UIA: el Gobierno anunció que enviará una ley de promoción de inversiones industriales
En el ámbito fiscal, se prevén medidas como la amortización acelerada de bienes para el Impuesto a las Ganancias y el diferimiento del IVA. Además, habrá desgravaciones en las cargas sociales, que podrán ser compensadas con impuestos a nivel nacional, puntualizó Juan Pazo, secretario de Coordinación de la Producción.
Juan Pazo, secretario de Coordinación de la Producción, anunció en la Conferencia de la UIA que el Gobierno enviará esta semana al Congreso una nueva ley para promover las inversiones industriales. Con este gesto, el funcionario busca acercarse al sector industrial y demostrar que el Gobierno está comprometido con el desarrollo de esta área.
"Esta semana enviaremos al Congreso la ley de promoción de inversiones industriales", declaró Pazo durante la 30ª Conferencia Industrial Argentina organizada por la UIA. Este anuncio fue bien recibido por los industriales, quienes desde febrero de este año estaban buscando un "RIGI" específico para las pequeñas y medianas empresas (pymes).
El proyecto de ley, según adelantó Pazo, estará compuesto por seis capítulos. En el ámbito fiscal, se prevén medidas como la amortización acelerada de bienes para el Impuesto a las Ganancias y el diferimiento del IVA. Además, habrá desgravaciones en las cargas sociales, que podrán ser compensadas con impuestos a nivel nacional.
Otro capítulo del proyecto se centra en el ámbito laboral, con propuestas para modificar condiciones de trabajo, permitir que las vacaciones se tomen en cualquier momento del año, y la posibilidad de pagar salarios a través de cuentas sueldo en plataformas digitales.
El programa incluye tanto a pymes como a grandes empresas, sin hacer distinciones, aunque establece diferentes niveles de inversión requeridos. Pazo señaló que "es algo parecido al RIGI", refiriéndose al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones.
La ley también aborda la cuestión de los juicios laborales, fijando un límite del 25% para los honorarios, y estableciendo que los créditos judiciales se ajusten a una tasa del IPC más el 3%.
El secretario de Desarrollo adelantó que se invitará a las provincias a adherirse a esta ley nacional, con especial atención a las cuestiones laborales, ya que este ámbito es competencia de las provincias y cada una se regula con sus propias normas.