Detienen a un exfuncionario chaqueño por irregularidades en la entrega de fondos a líderes sociales
Mauro Andión, extitular del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular, fue el foco de cientos de denuncias recibidas en el último año en relación al fondo que administraba los fondos provinciales que se distribuían entre diversas organizaciones. Entre los involucrados se encuentran Emerenciano Sena y Ramón "Tito" López.
La justicia de Chaco ha procedido a la detención de Mauro Andión, ex titular del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), en el marco de una investigación que se ha extendido por casi un año. Esta causa indaga sobre las supuestas irregularidades en la entrega de fondos destinados a organizaciones sociales y grupos piqueteros para la realización de obras públicas, muchas de las cuales fueron completadas en mínimos porcentajes o no se ejecutaron en absoluto.
La investigación ha sido impulsada por más de 400 denuncias recibidas a lo largo del último año, centrándose en el organismo que administraba los fondos provinciales que se distribuían entre diversas organizaciones. Entre los involucrados se encuentran figuras como Emerenciano Sena y Ramón "Tito" López, quienes, entre otros, habrían recibido fondos a través de esta entidad.
El IAFEP funcionaba como un organismo autárquico que operaba en la intersección entre el gobierno provincial y las organizaciones sociales, recibiendo fondos del Ejecutivo para su distribución. Su propósito era financiar obras de infraestructura básica, tales como galpones y viviendas. En el año 2023, la entidad manejó un presupuesto de 16 mil millones de pesos, de los cuales 15 mil millones fueron destinados a organizaciones sociales.
Tras la asunción de Leandro Zdero como gobernador de la provincia, se ordenó la intervención del IAFEP, designando a Claudia Ávila para llevar a cabo una revisión de las operaciones del organismo. En marzo de este año, Ávila presentó una denuncia ante la justicia, alegando posibles fraudes que perjudicaban a la administración pública.
Un caso destacado en esta denuncia se refiere a una fundación que habría recibido 12 millones de pesos para la construcción de un galpón en Fontana, en las afueras de Resistencia. Esta partida fue incrementada a 19,5 millones de pesos mediante la intervención de una arquitecta del organismo, quien certificó el avance de la obra con fotografías. Sin embargo, en enero de este año, cuando se realizó una inspección para verificar el progreso, se constató que no existía ninguna construcción. Como resultado de estas irregularidades, fue detenida la arquitecta María Laura Moreno, quien se desempeñaba como coordinadora de Gestión de Soluciones Habitacionales y había firmado la certificación del avance de la obra.
Tanto Andión como Moreno enfrentan acusaciones de violación de los deberes de funcionario público y fraude en perjuicio de la administración pública. La causa está siendo investigada por el Equipo Fiscal Especial (EFE) bajo la dirección de Graciela Griffith Barreto. Ambos fueron arrestados tras comparecer ante la justicia.
Los funcionarios públicos están imputados en cinco casos específicos, aunque se están investigando más de 400 denuncias por malversación de fondos. Sin embargo, los investigadores han señalado que han podido analizar apenas el 20% del material recolectado hasta el momento. Se estima que el proceso de reconstrucción del movimiento del ente podría tomar entre dos y tres años. Este organismo fue creado en 2021 durante la gestión de Jorge Capitanich y fue cerrado por Leandro Zdero en julio de este año.
El diputado provincial Iván Gyöker, uno de los promotores de las denuncias, ha calificado esta situación como "la mayor obra de corrupción en la provincia de Chaco". Testimonios de dirigentes sociales indican que se les impedía completar las viviendas porque les solicitaban un porcentaje del valor que debían desembolsar.
Adicionalmente, los interventores han habilitado una línea anónima para que los afectados puedan reportar irregularidades en la gestión del organismo. Gyöker ha indicado que Andión actuaba como un "cajero" del ex gobernador Jorge Capitanich, responsable de la distribución de fondos a piqueteros para la construcción de viviendas que nunca se llevaron a cabo.