La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto del oficialismo que regula el recurso del “per saltum”, habilitando a la Cote Suprema a intervenir en determinadas causas aunque no se hayan agotado las instancias ordinarias previas.

Tras siete horas de debate, el proyecto fue aprobado por 195 votos contra 95, en un resultado que dividió al Frente para la Victoria y sus aliados de la totalidad del arco opositor.

La norma fue impulsada por el gobierno para utilizar este recurso en la disputa que mantiene con un multimedios por la aplicación del artículo 161 de la Ley de Medios.

El per saltum habilita a la Corte a Intervenir en causas judiciales sin que se hayan superado todas las instancias procesales inferiores y en casos de “notoria gravedad institucional”, según establece el reglamento de la ley.

Manuel Garrido, diputado de la UCR, advirtió en Magdalena Tempranisimo (Radio Continental) que debido a la mayoría del oficialismo, "el Congreso está actuando como un apéndice del Poder Ejecutivo". Y sostuvo que, con el per saltum, el Gobierno "va a buscar presionar a la Corte Suprema". "Normalmente la Corte viene rechazando estas presiones. Pero ahora el Ejecutivo va a tener la posibilidad de presionarla sin que pueda objetarse".


“Quiero decir claramente qué es lo que estamos discutiendo: Clarín no está detrás de la libertad de prensa, ni la libertad de expresión. Lo que defiende es una situación hegemónica, una posición dominante que le ha dado un poder que está defendiendo, un poder que lo ha utilizado para condicionar en los últimos 30 años de la democracia argentina”, aseguró el jefe de la bancada del Frente para la Victoria, Agustín Rossi.

La sesión comenzó con la defensa del texto a cargo de la diputada kirchnerista, Diana Conti, quien cuestionó el “gobierno de los jueces”, que –según dijo- “frenan la voluntad popular”.

“Esta cuestión de la justicia cautelar nos impone un debate sincero y no hipócrita. ¿Cómo es posible que el Poder Legislativo y el Ejecutivo, representantes del poder popular directo, pudieran ser impedidos en nuestra actividad institucional por el otro poder, el Judicial, que tiene solamente un poder popular indirecto y delegado?”, afirmó Conti.

Por su parte, el diputado Felipe Solá, quien en varias oportunidades votó junto con el oficialismo, expresó su rechazo a la iniciativa.

“Estoy en contra del manipuleo que significa. El gobierno dice hagámoslo porque sino podemos ser burlados por una gran corporación del 7D”, dijo Solá, titular del bloque Unión Peronista.

La legisladora del Frente Peronista, Graciela Camaño, en tanto, afirmó que el per saltum “demuestra la debilidad enorme del oficialismo” y señaló que la iniciativa es un “apéndice de la Ley de Medios”.

No obstante, la diputada reconoció que debe reglamentarse en ese sentido defendió su propuesta alternativa: “No tengo ningún pudor en decir que hemos planteado un dictamen porque es un elemento de la República”.

Por el Frente Amplio Progresista (FAP), Margarita Stolbizer, aseguró que “la discusión sobre el per saltum, repentina, está enmarcada en un contexto de amenazas y avasallamiento a las instituciones, tanto parlamentarias como judiciales, por parte de un Poder Ejecutivo que se autoproclama omnipotente, acompañado por una mayoría parlamentaria disciplinada y condescendiente”.

Desde el Pro, la diputada Laura Alonso, consideró: “Estamos ante el gobierno de la excepcionalidad y el vale todo, no cumplen con la constitución nacional, la estiran, la burlan y la saltean cada vez que pueden”.

El proyecto establece que solo podrá ser aplicado en causas de competencia federal que impliquen “notoria gravedad institucional”, cuya solución definitiva y expedita sea necesaria”.

Se trata de un elemento jurídico que se ejecutará “en la dilación de una causa en trámite”, aunque la Corte Suprema podrá rechazarlo “si no se observaren prima facie los requisitos para su procedencia”, afirma el texto.