El Gobierno pedirá la aplicación de la Ley Antiterrorista para la gráfica estadounidense Donnelley por “generar una situación de zozobra para castigar al país”. “En estos días había ido el señor director general de la AFIP (Ricardo Echegaray) y habíamos detectado que en una empresa multinacional, que ya no son sociedades anónimas, las constituyen un fondo de inversión. En los fondos de inversión hay dos o tres personas que integran los fideicomisos que se mueven por todo el mundo comprando y deshaciendo empresas. Entonces el señor director general identificó una empresa que tiene también una empresa en Argentina”, señaló la presidenta, Cristina Fernández, en alusión al fondo buitre NML.
 
“Esto es un entramado mafioso, algo que dijo Paul Bruckman, Nobel norteamericano, habla de mafia financiera internacional de gente que dirige la economía mundial”, acusó la Presidenta, que siguió dando detalles sobre la situación patrimonial de la imprenta. “Hemos formulado una denuncia penal ante la justicia federal por alteración al orden económico y financiero. Como verán, se trata de un Gobierno que jamás ha sancionado ninguna ley para perseguir a los trabajadores. Se trata de proteger a los argentinos”, se ufanó Fernández. 

Por Continental, el delegado Martín Killing historió que “La empresa ya venía con un plan sistemático. Había presentado un preventivo de crisis hace dos meses donde pedía despedir a 123 trabajadores, cambiar las condiciones de trabajo y los ritmos de los turnos. Pero nunca nos esperamos encontrarnos con el cartel de quiebra el lunes pasado. Hasta ahora veníamos cobrando todo como corresponde”, subrayó. 
 
En La Mirada Despierta, explicó que para los trabajadores "una de las mejores maneras de sacar la empresa adelante era la estatización", pero el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, les "explicó que esa medida se reserva para actividades que impliquen un servicio público. Nosotros consideramos que sí podemos dar un servicio público en determinadas publicaciones", adujo Killing.