El Congreso argentino es uno de los menos transparentes de la región, según los resultados del Índice de Transparencia Legislativa elaborado por la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, que mide el nivel de transparencia de los Poderes Legislativos de la Argentina, Chile, Colombia, México y Perú.

El estudio compara los niveles de transparencia y acceso a la información en los diferentes Parlamentos para establecer estándares mínimos de apertura en el quehacer político, administrativo y legislativo de las instituciones. En la Argentina, la implementación del estudio fue realizada por la Fundación Directorio Legislativo, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), y Poder Ciudadano.

La investigación profundiza en cuatro grandes dimensiones de los Poderes Legislativos:

La normatividad: leyes y normas que regulan las prácticas institucionales
La labor legislativa: transparencia y publicidad de los actos legislativos
El presupuesto y la gestión administrativa: acceso a información sobre cómo se manejan los recursos
La participación y atención ciudadana.


Para ello, se diseñó un formulario con 193 preguntas para realizar un mapeo del estado de la transparencia legislativa. Entre otras conclusiones, el índice señala que todos los países analizados están lejos del nivel óptimo de transparencia.



En la categoría de normatividad, la Argentina obtuvo un puntaje de 6,5 sobre un máximo de 17, detrás de Perú (13), México (12), Chile (10,5) y Colombia (9,5). Si bien el marco normativo que fija las atribuciones del Congreso argentino es exhaustivo y público, la falta de una ley que regule el acceso a la información pública en el ámbito del Poder Legislativo da lugar a una “arbitraria disparidad de criterios” para facilitar la información cuando es requerida.

“Nuestro país tampoco tiene una ley que regule el lobbying o cabildeo, hecho que incentiva la generación de intereses extraparlamentarios”, explicó Sandra Elena, Directora del Programa de Justicia de CIPPEC.

En lo que respecta a la labor legislativa, en la Argentina el acceso a las sesiones del Pleno y de comisiones está restringido y no es público el dato de la asistencia de los senadores a las sesiones. Además, existe un rezago normativo en la publicación de las asesorías que prestan servicios a los legisladores.

“La información sobre los viajes de trabajo de los legisladores tampoco se publica en las Cámaras, y en la práctica se desconoce si los funcionarios rinden cuentas”, indicó María Barón, Directora Ejecutiva de la Fundación Directorio Legislativo.

Así, la Argentina obtuvo en la categoría de labor legislativa una calificación de 44,5 sobre un total de 73 puntos, apenas más que México (44), y detrás de Colombia (50,5), Chile (48) y Perú (46,5).


Aunque el Senado argentino regula la publicación del gasto ejecutado por las fracciones parlamentarias, la Cámara de Diputados no tiene una norma que la obligue a hacerlo. Además, también es difícil acceder a información relacionada con el personal del Congreso: “No se tiene certeza sobre la cantidad de gente que allí trabaja ni sobre el tipo de contratación”, explicó Álvaro Herrero, Director Ejecutivo de ADC.

Por otro lado, mientras que los concursos públicos que realicen ambas Cámaras deben estar publicados en internet, no sucede lo mismo con los oferentes. Y, según indica el documento, ninguna Cámara publica el listado de proveedores de bienes y servicios.

Así, en materia de presupuesto y gestión administrativa, el Congreso argentino obtuvo 18 puntos sobre un total de 59, lejos de México (40), Perú (38), Chile (35) y Colombia (25).



El índice de transparencia también mide los medios de atención, vinculación y participación de la ciudadanía en el ámbito legislativo. “Es fundamental que los poderes legislativos garanticen que los ciudadanos accedan a su información. La ausencia de una normativa nacional de acceso a la información pública obstaculiza fuertemente el control ciudadano de nuestros Congresos y demás instituciones públicas”, indicó Pablo Secchi, Director Ejecutivo de Poder Ciudadano.

En este indicador, la Argentina obtuvo 9 puntos sobre 33, muy por detrás de México (23,5), Chile (22,5), Perú (16,5) y Colombia (15,5).