El estudio de abogados británico Burford, que cuenta con un fallo judicial favorable por un monto de USD 16.000 millones en el litigio en la corte de Nueva York relacionado con la expropiación de YPF, presentó ante la jueza Loretta Preska una declaración reciente del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Esta declaración busca establecer que la empresa petrolera YPF y el Estado Argentino son entidades interrelacionadas, lo que podría facilitar la identificación de activos susceptibles de embargo en caso de que se haga efectiva la sentencia.

Según Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y especialista en el caso, Kicillof mencionó en julio que, a pesar de que YPF es una empresa privada, los directivos de la misma se consideran funcionarios del presidente Javier Milei. Esta afirmación surgió en el contexto de su descontento por la decisión de que la empresa llevara a cabo su proyecto de gas natural licuado (GNL) en la provincia de Río Negro, en lugar de en Buenos Aires. Esta declaración se ha convertido en un elemento clave para los demandantes en el proceso.

Kicillof, quien también se desempeñó como ministro de Economía y tuvo un papel crucial en la estatización de YPF en 2012, expresó su opinión tras la pérdida de la provincia de Buenos Aires en la competencia por la ubicación de la planta de GNL. Maril señala que los comentarios de Kicillof son significativos, dado que él fue una figura central en la expropiación de la empresa, y su declaración puede ser utilizada como evidencia por Burford para sostener la figura del ‘alter ego’ ante la corte.

Además, Maril indicó que Burford ha solicitado continuar con la fase de discovery relacionada con el concepto de ‘alter ego’, especialmente a raíz de los comentarios del gobernador. Esta situación genera un contexto favorable para los demandantes, quienes buscan establecer una conexión más directa entre YPF y el Estado Argentino.

A pesar de que Burford reconoce la dificultad de cobrar el fallo de la jueza Preska, que estipula que Argentina debe pagar USD 16.000 millones –monto que ha aumentado a casi USD 17.000 millones debido a los intereses acumulados–, la firma se muestra interesada en entablar negociaciones con el nuevo gobierno. Sin embargo, hasta el momento, el gobierno de Milei no ha mostrado señales claras de disposición para dialogar, a pesar de los comentarios previos del presidente sobre la posibilidad de un acuerdo.

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