Bajo el título "Compromiso, Verdad y Justicia", el Poder Ejecutivo publicó fragmentos del fallo del juez Daniel Rafecas, quien la semana pasada decidió desestimar las acusaciones que el fiscalGerardo Pollicita había realizado a partir de la presentación de Nisman antes de morir. Además, defendió una vez más la firma del memorándum con Irán para investigar el atentado a la AMIA y acusó al difunto fiscal de operar contra el Gobierno.

"Desestimada la denuncia, queda preguntarse qué objetivos perseguía el fiscal Nisman con su denuncia plagada de contradicciones, carencia lógica y sustento jurídico. ¿Puede pensarse una hipótesis diferente que no sea la de buscar un efecto político desestabilizador?", se pregunta el texto.

La solicitada, que está firmada por el "gobierno de la República Argentina", hace especial hincapié en los "documentos hasta ahora desconocidos" de Nisman que Rafecas citó en su fallo. "Un elemento de prueba en el que especialmente sustenta el desestimiento de la denuncia es elhallazgo en la fiscalía especial de la causa AMIA de dos escritos judiciales idénticos –firmados por el fallecido fiscal Nisman y fechados en los meses de diciembre de 2014 y enero de 2015, nunca presentados. Allí, Nisman solicitaba al Poder Ejecutivo que remitiera al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas un pedido de conminación a la República de Irán a fin de que detenga y extradite a sus nacionales acusados por el atentado terrorista", recordó.

El texto incluso sugiere algún tipo de interés político detrás de la denuncia que Nisman finalmente sí presentó: "¿De qué dependía la opción de impulsar una estrategia conjunta con el Poder Ejecutivo ante las Naciones Unidas o de denunciar a la Presidenta de encubrimiento? Las respuestas a estas preguntas no tienen la virtud de buscar la verdad y menos aún de garantizar la justicia a las víctimas y sus familiares".

"En este contexto, solo es posible ratificar el camino trazado por el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional a través del memorándum de entendimiento, una herramienta que permitiría interrogar a los ciudadanos iraníes acusados, y a partir de allí, llevar el caso hacia un juicio oral y público. Esa situación pondría al Estado argentino en un mejor contexto frente a Irán y la comunidad internacional para exigir la extradición o al menos para negociar la realización del juicio oral en un tercer estado", apuntaron.