Mediante el Decreto 6/2025, el Gobierno anunció la disolución de tres fondos fiduciarios públicos para optimizar la gestión estatal. Los fondos afectados son el Fideicomiso del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (PRODAF), el Fondo Fiduciario del Servicio Universal y el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, cuyos objetivos se consideran cumplidos o presentaron irregularidades administrativas, según auditorías oficiales. 

La disolución implica cambios en áreas clave; el PRODAF facilitó créditos a productores rurales; el Fondo del Servicio Universal, creado para el acceso a servicios TIC, será reemplazado; y el Fondo para la Vivienda Social financiaba proyectos aunque se reportaron rendiciones faltantes.

La liquidación será supervisada por la Sindicatura General de la Nación. El Ejecutivo argumentó también en base a la Ley 27.742 que permite modificar o disolver fondos fiduciarios cuando se justifique su discontinuidad.

Entre los motivos, se destaca un informe de la SIGEN que encontró falta de justificación de proyectos en el Fondo del Servicio Universal y programas sin prórroga instrumentada. Según el decreto, detectaron también proyectos en el Fondo Fiduciario del Servicio Universal que no cumplían con requisitos normativos. 

Además, se mencionan obras inconclusas o con falta de rendiciones en programas de vivienda como "Casa Propia" y "Reconstruir".