Mediante el Decreto 6/2025, el Gobierno anunció la disolución de tres fondos fiduciarios públicos para optimizar la gestión estatal. Los fondos afectados son el Fideicomiso del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (PRODAF), el Fondo Fiduciario del Servicio Universal y el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, cuyos objetivos se consideran cumplidos o presentaron irregularidades administrativas, según auditorías oficiales.