El Gobierno nacional está preparando la disolución de 300 Unidades de Gestión a las que acuden millones de beneficiarios de planes sociales para tramitar la ayuda estatal. Además, se cerrarán 59 Centros de Referencia (CDR).

Estas Unidades de Gestión representan un desembolso anual de alrededor de U$S 34 millones por parte del Estado, con el fin de controlar que los beneficiarios cumplan con las contraprestaciones necesarias para recibir los planes sociales.

La decisión de disolver el plan Potenciar Trabajo, que será reemplazado por dos nuevos programas sociales, busca eliminar la intermediación. Esto ha generado críticas y alerta en los movimientos sociales, quienes consideran que estas medidas afectarán a los beneficiarios.

Desde el Ministerio de Capital Humano se refieren a las Unidades de Gestión como "gerentes de la pobreza", acusándolas de favorecer la intermediación y perpetuar la dependencia en lugar de promover la autonomía y el crecimiento personal.

Por otro lado, se cerrarán los 59 Centros de Referencia (CDR) por considerarse como "cajas de la política" y por su ineficiencia en la resolución de trámites. Se estima que esta medida generará un ahorro de $ 5.000 millones anuales al Estado y la reducción de más de 600 empleados públicos.

El Gobierno también planea digitalizar los trámites para ser más eficientes y modernizar el sistema, ofreciendo una línea telefónica para consultas. Sin embargo, las organizaciones sociales podrían llevar a cabo protestas para reclamar por la falta de alimentos en los comedores y por los cambios en la estructura burocrática para acceder y cobrar los planes sociales.