El gobierno envía dos mil efectivos de seguridad a Santa Fe por pedido del gobernador Bonfatti
El ejecutivo provincial solicitó al jefe de Gabinete Jorge Capitanich refuerzos ante una eventual emergencia. Un grupo menor de policías protesta en reclamo de mejoras salariales
El Ejecutivo nacional movilizará en las próximas horas 1500 gendarmes y 250 prefectos a las ciudades de Santa Fe y Rosario, con el objetivo de fortalecer la seguridad local ante una eventual protesta de la policía provincial.
El gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, había solicitado un refuerzo con motivo del próximo rally Dakar, pero esta mañana el traslado de los efectivos fue adelantado a raíz de las huelgas y manifestaciones policiales que se produjeron en algunas provincias.
Ante las versiones de que en Santa Fe podría "contagiarse" de las otras protestas, Bonfatti con su Gabinete comenzaron a monitorear desde temprano la situación de reclamo policial junto a los jefes de policía de las diferentes unidades regionales. En este marco, el el jefe de Gabinete Jorge Capitanich le confirmó al mandatario santafesino el envío de fuerzas de seguridad, según consignan agencias de noticias y medios santafesinos.
Pese a esta colaboración, Capitanich ratificó hoy que "la seguridad pública es un ejercicio estrictamente provincial". El funcionario, quien visita por primera vez Chaco tras su asunción como jefe de Gabinete, realizó una conferencia de prensa junto al vicegobernador, a cargo del Ejecutivo, Juan Carlos Bacileff Ivanoff, donde mencionó que se desplegó "un sistema de monitoreo para evaluar la situación en cada una de las provincias".
"Hoy y ayer estuve dialogando con la gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci y lo mismo hice con los gobernadores Antonio Bonfatti (Santa Fe), Daniel Scioli (Buenos Aires) y José Manuel de la Sota (Córdoba) para hacer un monitoreo adecuado de la situación", explicó el funcionario.
Capitanich recordó que existe un fallo de la Corte Suprema de Justicia, del 13 de abril 1869, el que ratifica que la seguridad pública es un poder no delegado por lo que "indudablemente la administración de la seguridad y la política salarial es una competencia exclusiva, excluyente y estrictamente provincial".