El Gobierno anunció que permitirá a hospitales públicos y universidades nacionales cobrar aranceles a extranjeros, además de agregar delitos que restrinjan el ingreso de inmigrantes o faciliten su expulsión. 

Manuel Adorni, vocero presidencial, comunicó estas medidas, resaltando que "el objetivo es avanzar hacia un país ordenado que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos". 

Los organismos nacionales establecerán condiciones para la atención de salud, incluyendo cobrar aranceles, explicó Adorni, citando un caso en Salta donde se logró un ahorro considerable. Esto mejoraría la atención para residentes y podría extenderse a la educación universitaria, beneficiando el financiamiento de las instituciones, adujo Adorni. 

Se incorporarán delitos en el Código Penal para impedir el ingreso o expulsar inmigrantes: "Si se sorprende a un inmigrante cometiendo un delito... será expulsado". Se prohibirá la entrada a falsificadores de documentos y el proyecto contempla penas para quienes violen la prohibición de reingreso.