A través del decreto 1006/2003, el Gobierno determinó que la devolución del Impuesto a las Ganancias que ya fue deducido con el medio aguinaldo de junio se realizará “inequívocamente en los recibos de haberes que comprendan a las remuneraciones devengadas en el mes de julio del año 2013”.

Es decir, todos los trabajadores registrados que fueron alcanzados por el impuesto percibirán junto a los salarios de julio la devolución de lo que se les descontó junto a la primera mitad del Salario Anual Complementario. Aquellos trabajadores que no tienen en claro cuál es el monto que les deben devolver, podrán solicitarle a su empleador el recibo correspondiente al pago del medio aguinaldo y buscar cuánto le descontaron del Impuesto a las Ganancias, informó por Continental Pedro Wasiejko, secretario adjunto de la CTA oficialista.

En Magdalena Tempranísimo, enfatizó que, “además de subir el salario mínimo, hay que eliminar el trabajo en negro”, una de las principales preocupaciones de la Central de los Trabajadores Argentinos, ya que se estacionó en un tercio de la mano de obra asalariada en el último lustro.

Muchas empresas incluyen el detalle del aguinaldo junto al salario de junio. Entonces, al mirar el recibo hay que distinguir el monto de Ganancias que le descontaron por el salario mensual y la deducción correspondiente al SAC, que es la que será devuelta. El decreto determinó, además, que el beneficio involucra a aquellos sujetos “cuya mayor remuneración bruta mensual, devengada entre los meses de enero a junio del año 2013, no supere la suma de 25.000 pesos”.

La presidenta Cristina Fernández anunció que la primera cuota del aguinaldo cobrado en junio estará eximida del Impuesto a las Ganancias, por lo que deberán devolverse los fondos que ya fueron deducidos. El año pasado el Gobierno tomó una decisión similar con el medio aguinaldo de diciembre, sin embargo la decisión fue anunciada antes de su deducción, por lo que no hizo falta instrumentar el mecanismo de devolución que se realizará ahora.

La jefa de Estado precisó que esta resolución "tendrá un costo fiscal de 2.657 millones de pesos para el Estado", que podrán ser destinados al consumo interno y de esa manera reactivar la economía. La medida era uno de los reclamos consensuados por todos los gremios, tanto los agrupados a la CGT de Antonio Caló como la de Hugo Moyano, aunque no resuelve la cuestión de fondo, para los sindicalistas, que piden subir el piso del tributo.

Según el Ejecutivo, se instrumentó esta “medida contracíclica” que resulta “conducente al fortalecimiento del poder adquisitivo de los trabajadores y de sus familias y, con ello, la consolidación de la demanda y del mercado interno nacional”.