“Los argumentos que dio el juez no son suficientes para justificar por qué era necesario tener a otro actor estatal, además del fiscal, para avanzar en la investigación”, evaluó el investigador del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) y docente de Derecho de la Universidad de Palermo, Leonardo Filippini, en relación a la apertura del juez Bonadío a presentación como querellante que hizo el gobierno en la causa por el accidente de Once.

En ese sentido, advirtió que existe “una posición dual” porque el Estado puede sentirse afectado por lo que ocurrió pero también “tiene un fuerte papel como controlador” del sistema ferroviario.

Filippini aclaró que la decisión del juez de prohibir la salida del país a funcionarios gubernamentales y directivos de TBA responde a la posibilidad de que permite dicha dualidad sobre la responsabilidad oficial.

En pos de organizar la causa, Bonadío podría dejar sólo uno o dos grupos querellantes, explicó el profesor.

Intervención. “Por tratarse de un servicio público, existe una potestad del Estado de retomar el control”, señaló Filippini tras advertir que el gobierno se hizo cargo “con muy pocas precisiones” sobre las atribuciones que tendrá sobre la línea férrea.