El Gobierno de la Nación ha oficializado, a través del Boletín Oficial, un aumento en los precios de la electricidad y del gas natural que comenzará a regir a partir de septiembre. En los próximos días, los entes reguladores pertinentes publicarán los cuadros tarifarios de los servicios públicos, los cuales reflejarán un incremento promedio del 4% en las facturas que reciben los hogares, comercios e industrias.

Desde el Ministerio de Economía se sostiene que la desaceleración en la inflación permitirá avanzar en la revisión de las tarifas y en el ordenamiento de algunos precios relativos que se habían retomado en agosto. Este ajuste en los precios busca equilibrar la situación económica y garantizar la sostenibilidad del sector energético.

Las tarifas finales que abonan los usuarios se componen de cuatro componentes: el costo de la energía, el transporte, la distribución y los impuestos. Los subsidios del Estado se canalizan principalmente sobre el costo de la energía, mientras que en los ítems de transporte y distribución no se aplican subvenciones.

Actualmente, los usuarios están clasificados en tres categorías según sus niveles de ingresos, conforme a la segmentación de subsidios vigente desde 2022: Altos ingresos (Nivel 1), Ingresos bajos (Nivel 2) e Ingresos Medios (Nivel 3). Los últimos datos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) indican que hay aproximadamente 5,3 millones de usuarios en el Nivel 1, 8 millones en el Nivel 2 y 2,7 millones en el Nivel 3.

De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Energía, los usuarios residenciales cubren, a nivel nacional, el 57% del costo “real” del gas y el 64% de la electricidad. El Gobierno está evaluando la oportunidad adecuada para que esta cobertura llegue al 100%, considerando la situación social actual y el objetivo de continuar con la desaceleración de la inflación.

Este ajuste en las tarifas de energía representa un nuevo impacto en los consumidores, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En este contexto, los servicios de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) también experimentarán una actualización del 4,48%. Además, se anticipa que la eliminación gradual de subsidios afectará los costos del transporte público en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, mientras que los combustibles subirán un promedio del 3% en todo el país, debido a un nuevo diferimiento del impuesto a los combustibles líquidos (ICL).