El intendente de la ciudad de Córdoba, el radical Ramón Mestre, planteará mañana la nulidad de la imputación que pesa sobre él por presuntas irregularidades en el manejo de subsidios nacionales para el transporte público de pasajeros.

"No hay ningún tipo de perjuicio patrimonial por subsidios en el que haya participado el intendente Mestre", se limitó a asegurar a la prensa el abogado Luis Sayavedra, quien mañana le pedirá al juez federal Ricardo Bustos Fierro que se declare nula la imputación que pesa sobre el jefe municipal.

En el mismo sentido, en varias ocasiones, el propio Mestre había expresado: "Estamos tranquilos, porque hemos obrado en un marco de total transparencia".

Desde el 2 de septiembre pasado, Mestre, así como el secretario de Transporte, César Ferreyra; el anterior secretario de la misma área, Juan Pablo Díaz Cardeilhac, y el titular de la empresa Ersa, Juan Carlos Romero, están imputados por la supuesta comisión de defraudación calificada a la administración pública.

De acuerdo con el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano, a partir de declaraciones juradas firmadas por los funcionarios municipales, "la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) asignaba subsidios a Ersa Autobuses, para ochos unidades, que se correspondían con unidades de la firma Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado (Tamse residual)".

"Presumimos que los ómnibus articulados de la empresa Tamse estaban señalados como ómnibus de la empresa Ersa, a partir de la cual esta se hizo acreedora, por estos vehículos, del cupo diferenciado para el subsidio al gasoil", sostuvo el fiscal.

Vidal Lascano precisó que "no importa si los dineros han sido devueltos o no", porque lo que se investiga "es una irregularidad administrativa que podría configurar un hecho delictivo".

"En el caso de que hubiera habido un reintegro (por parte de Ersa), lo mismo se configuró un delito", dijo el fiscal y agregó que se "investigan los subsidios, por cupo diferenciado, de ocho unidades de trolebuses (de Tamse)" que, supuestamente, fueron percibidos por Ersa.

El origen de la causa es la presentación que, en marzo pasado, había formalizado el concejal Daniel Juez (Frente Cívico y Social), quien denunció que dos empresas privadas habrían "percibido el cobro de sumas en subsidios para coches del transporte urbano de la ciudad, que correspondían a vehículos de la firma Tamse residual".

El servicio de transporte urbano es prestado en la capital cordobesa por tres empresas: Coniferal, la UTE integrada por dos firmas (Ersa y Autobuses Santa Fe) y la Tamse residual, que sólo tiene a su cargo las tres líneas de trolebuses.