El intendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Mestre (UCR), defendió la transparencia de su proceder, pese a haber sido imputado ayer por presuntas irregularidades en el manejo de subsidios nacionales para el transporte público de pasajeros, tema en el que habría cometido un delito según ratificó el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano.

"Estamos tranquilos, porque hemos obrado en un marco de total transparencia", se limitó a manifestar a la prensa Mestre, que, al mismo tiempo, ratificó a sus funcionarios, entre ellos el secretario de Transporte, César Ferreyra, también imputado.

Pese a que en marzo pasado y en relación con otra causa, Mestre había dicho que si algún funcionario suyo resultaba imputado le pediría que renuncie, hoy expresó: "en este caso a mí me han imputado y el intendente soy yo; esto está enmarcado en la decisión que ha tomado este intendente, por lo que (Ferreyra) va a seguir en el cargo".

"Confío en la Justicia y aportaremos todas las pruebas, estamos convencido de que hemos obrado con total transparencia", remarcó Mestre, que aún no fue citado a prestar declaración indagatoria y que dijo que no cree que haya "intencionalidad política en la investigación".

Anoche se conoció que la Justicia Federal dispuso la imputación de Mestre, de Ferreyra, del anterior secretario de Transporte, Juan Pablo Díaz Cardeilhac, y del titular de la empresa Ersa, Juan Carlos Romero, por la supuesta comisión de defraudación calificada a la administración pública.

De acuerdo con el fiscal Vidal Lascano, a partir de declaraciones juradas firmadas por los funcionarios municipales, "la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) asignaba subsidios a Ersa Autobuses, para ochos unidades, que se correspondían con unidades de la firma Transporte Autormotor Municipal Sociedad del Estado (Tamse residual)".

El fiscal ratificó hoy: "presumimos que los ómnibus articulados de la empresa Tamse estaban señalados como ómnibus de la empresa Ersa, a partir de la cual esta se hizo acreedora, por estos vehículos, del cupo diferenciado para el subsidio al gasoil".
Vidal Lascano precisó que "no importa si los dineros han sido devueltos o no" por Ersa, porque lo que se investiga "es una irregularidad administrativa que podría configurar un hecho delictivo".

"En el caso de que hubiera habido un reintegro (por parte de Ersa), lo mismo se configuró un delito", dijo el fiscal, que agregó: "investigamos los subsidios, por cupo diferenciado, de ocho unidades de trolebúses (de Tamse)" que, supuestamente, fueron percibidos por Ersa.

El origen de la causa es la presentación que, en marzo pasado, había formalizado el concejal Daniel Juez (Frente Cívico y Social), que denunció una supuesta estafa "en el cobro de subsidios nacionales (por gasoil) para unidades del sistema de transporte urbano de pasajeros" de la capital cordobesa.

Agregó que dos empresas privadas habrían "percibido el cobro de sumas en subsidios para coches del transporte urbano de la ciudad, que correspondían a vehículos de la firma Tamse residual".

Según la denuncia de Juez y en función de "documentación de la CNRT, la Unión Transitoria de Empresas que conforman Ersa Urbano y Autobuses Santa Fe cobraba en forma indebida dichos subsidios", lo que habría generado "un perjuicio al Estado municipal cercano a los 240.000 pesos por mes".

El servicio de transporte urbano es prestado en la capital cordobesa por tres empresas: Coniferal, la UTE integrada por dos firmas (Ersa y Autobuses Santa Fe) y la Tamse residual, que sólo tiene a su cargo las tras líneas de trolebuses.