El 17 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la condena del ex jefe de la Policía Federal durante el gobierno de Fernando De La Rúa, el comisario Rubén Santos, quien se presentó ante el Tribunal Oral Federal 6 para iniciar su condena de 3 años y 6 meses de prisión, relacionada con los hechos de represión ocurridos en diciembre de 2001.

Rubén Santos se encontraba en España cuando la Corte Suprema rechazó un recurso interpuesto por su defensa, otorgándole un plazo de 72 horas para regresar al país. En cumplimiento de esta orden, Santos regresó anticipadamente y se presentó en Comodoro Py 2002 para cumplir con su detención. Santos ya había estado detenido por este mismo caso durante 5 meses y 19 días en el año 2002. Por lo tanto, su condena se considerará cumplida el 28 de septiembre de 2027.

Por otro lado, la Corte Suprema también ratificó la condena del ex secretario de Seguridad, Enrique Mathov, quien fue sentenciado a 4 años y 3 meses de prisión efectiva. Mathov se entregó a la justicia el pasado jueves y actualmente se encuentra en la cárcel de Ezeiza, a la espera de una resolución sobre un pedido de arresto domiciliario, formulado por su defensa debido a su edad, ya que supera los 70 años.

Mathov fue condenado el 18 de mayo de 2021 por su responsabilidad en tres homicidios culposos y por las lesiones sufridas por más de 20 manifestantes durante la represión que tuvo lugar en la zona de Plaza de Mayo, previa a la renuncia del ex presidente De La Rúa, quien fue sobreseído en este caso. Este ex funcionario estuvo en prisión por un total de 6 meses y 25 días entre el 1° de enero y el 26 de julio de 2002, cuando fue excarcelado. Por lo tanto, su condena se dará por cumplida el 22 de mayo de 2028.

El Tribunal Oral Federal 6 citó a ambos ex funcionarios después de que la Corte Suprema dejara firmes las condenas y desestimara los recursos extraordinarios presentados por sus defensas, considerándolos inadmisibles. Tanto Santos como Mathov fueron condenados en un juicio oral en 2016, cuyo veredicto fue apelado y revisado por la Cámara de Casación, que modificó las penas, las cuales finalmente fueron confirmadas por la Corte Suprema.

Ambos ex funcionarios fueron hallados culpables de la muerte de tres manifestantes: Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna, así como de las lesiones infligidas a otros 20 durante las protestas que se desarrollaron en Plaza de Mayo, en el contexto de un estado de sitio decretado por el entonces presidente De La Rúa.