El Papa expulsó al presbítero Ilarraz, condenado a 25 años de prisión por abuso de menores en 2018
Ilarraz, de 65 años, cumple actualmente prisión domiciliaria en Paraná, Entre Ríos, con una tobillera electrónica, mientras se espera la resolución de la Corte Suprema de Justicia.
El papa Francisco expulsó del clero al presbítero José Justo Ilarraz, quien había sido condenado a 25 años de prisión en mayo de 2018 por el abuso de 7 menores que eran seminaristas. Así lo comunicó el Obispado de la ciudad de Concepción, Tucumán, luego de la realización de un proceso administrativo penal. Ilarraz, de 65 años, cumple actualmente prisión domiciliaria en Paraná, Entre Ríos, con una tobillera electrónica, mientras se espera la resolución de la Corte Suprema de Justicia.
“El Obispado de la Santísima Concepción de Tucumán, comunica que después de realizarse un Proceso administrativo Penal contra el Pbro. José Justo Ilarraz, incardinado en esta diócesis, por delitos contra el sexto mandamiento con menores de edad (m. pr. Sacramentorum sanctitatis tutela art. 6 §1, 1º), encomendado al Tribunal Interdiocesano Bonaerense, y luego de elevarse el Recurso del acusado al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, este organismo determinó a norma del art. 21 §1, 2º de SST, presentar el caso al Santo Padre quien ha dispuesto la expulsión del estado clerical del mencionado sacerdote”, expresa el comunicado que difundió la Diócesis de Concepción a través de su secretaría de Prensa. “Como diócesis de la Santísima Concepción mantenemos nuestro compromiso por la búsqueda de la verdad y la justicia, condenamos toda clase de abuso y acompañamos con nuestra oración a las víctimas”, agrega en el párrafo final.
El artículo 6 mencionado se refiere al “delito contra el sexto mandamiento del Decálogo cometido por un clérigo con un menor de 18 años". Las acusaciones contra el sacerdote se conocieron en 2012, cuando el Arzobispado de Paraná denunció abusos cometidos contra unos 50 menores de entre 12 y 14 años en el Seminario Mayor de la ciudad. Los casos ocurridos entre 1984 y 1992 plantearon debates sobre su prescripción. La investigación duró 6 años.