La decisión del juez Ariel Lijo de procesar al vicepresidente Amado Boudou pone en riesgo no sólo su carrera política, sino también su libertad. El funcionario está acusado de cometer dos delitos: cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.
El cohecho es lo que coloquialmente se conoce como soborno o coima. Está tipificado entre los artículos 256 a 259 y condena tanto al que lo otorga como al que lo recibe.

En concreto, a Boudou se lo acusa de incurrir en la conducta del artículo 256, que condena con penas de uno a seis años e inhabilitación perpetua para ejercer un cargo público al “funcionario público que por sí o por persona interpuesta,recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones”.

El otro delito por el fue procesado Boudou está tipificado en el artículo 265, que reprime al “funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en cualquier contrato u operación en que intervenga por razón de su cargo".

La pena que establece para esta última figura es de dos a seis años de reclusión o prisión, y una inhabilitación de tres a diez años para ejercer un cargo público.

El argumento del Juez LIJO

El cruce de llamadas telefónicas entre Amado Boudou, su novia, su secretario, su socio, su supuesto testaferro y el empresario Nicolás Ciccone -sumado a testimonios y documentos- es la principal prueba de la que se valió el juez federal Ariel Lijo para procesar al vicepresidente, al dar por probado que se quedó con la imprenta Ciccone.

Lijo desgranó en su fallo la secuencia del caso Ciccone en diez actos, que van desde las escenas preparatorias, pasando por los nuevos negocios que consiguió del Estado con Boudou como su nuevo dueño y las maniobras de encubrimiento destinadas a borrar las huellas de la ruta del dinero. Cada una de estas afirmaciones del juez está basada en las evidencias telefónicas y de las otras que sustentan el fallo. Lijo probó que Boudou y el contador Vandenbroele se conocían por sus amigos en común, por las empresas y porque el monotributista vivió en el departamento del vicepresidente en Puerto Madero.

El juez Lijo procesó el viernes a Boudou y a su socio, el millonario José María Núñez Carmona, porque dice tener probado que se adueñaron de la imprenta de billetes Ciccone Calcográfica para hacer negocios con el oficialismo y el Estado.