Tras cuatro horas de debate, el oficialismo del Senado logró imponer su número en la sesión especial convocada para considerar un listado de 16 conjueces para cubrir subrogancias en los juzgados de primera instancia del fuero Civil y Comercial Federal, de esta Capital.

Se trata de una nómina enviada para su acuerdo por el Poder Ejecutivo que constituirá la primera ocasión en la que se aplica la ley sancionada en el 2008 que fija el mecanismo para establecer quiénes cubren las subrogancias cuando se producen vacantes transitorias en los juzgados.

La lista contó con el voto positivo de 39 senadores, mientras que 21 se opusieron. Ahora será remitida a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial para que sortee los juzgados vacantes de ese fuero.

Al iniciar la discusión, el presidente de la comisión de Acuerdos, Marcelo Guinle (FPV), sostuvo que la ley 26.376 "se sancionó para dar respuesta a un fallo de la Corte (Suprema) que declaró ilegal" la designación de subrogantes que realizaba el Consejo de la Magistratura.

Sin embargo, el bloque radical del Senado objetó la lista por estimar que la ley de subrogancias votada por el Congreso a instancias del kirchnerismo es "inconstitucional".

El senador Gerardo Morales (UCR) anunció que su partido "va a impugnar" la votación y denunció que la ley de subrogancias es inconstitucional porque "vuelve atrás" en el procedimiento al dejar afuera al Consejo de la Magistratura de la selección de abogados para integrar las listas para los distintos fueros.

La oposición en pleno se opuso a la nómina de conjueces por considerar que son "adictos al Gobierno", y denunció que no se cumplió con los procedimientos parlamentarios para tratar la lista.

"Está en riesgo la independencia del Poder Judicial", advirtió Morales, en línea con las preocupaciones que manifestaron otros legisladores, como Liliana Negre de Alonso (Peronismo Federal), quien a su turno alertó que "no podemos con una irregularidad normalizar otras irregularidades".

La réplica del oficialismo, a través de Guinle, fue que por tratarse de conjueces –no de jueces definitivos- el mecanismo es particular y los candidatos sólo tienen que reunir los requisitos exigidos en la ley, que básicamente es ser abogados de la matrícula.

Entre los tribunales en cuestión se encuentra el que debe resolver la demanda del Grupo Clarín por el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual