Argentina sufrió un embargo de 209 millones de dólares en Estados Unidos, como consecuencia de una derrota judicial relacionada con bonos emitidos en la década de 1990 y que entraron en default en 2001. La jueza Loretta Preska autorizó la ejecución del embargo, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara una apelación argentina.