La Cámara de Diputados convirtió hoy en ley el proyecto que impulsó el Gobierno para dar inmunidad de jurisdicción a los depósitos de bancos centrales de países que ofrezcan un trato recíproco a la Argentina.

La votación resultó afirmativa con 201 votos a favor, ocho en contra –de la Coalición Cívica, Carlos Brown (FE) y diputados de izquierda- y cuatro abstenciones.

Si bien la iniciativa se vinculó en un principio a un pedido del gobierno chino que se quiso satisfacer antes de la visita al país del presidente de ese país semanas atrás, el titular de la comisión de Relaciones Exteriores, Guillermo Carmona (FPV), amplió la intención original a una cuestión de estrategia financiera, para dar seguridad a posibles inversiones en la plaza local.

Indicó que se trata de "un instrumento legal que va a permitir crear condiciones de previsibilidad y garantía jurídica a otros países al momento de tomar decisiones respecto de sus reservas y políticas monetarias".

"Este acuerdo genera la oportunidad que otros bancos extranjeros visualicen a la Argentina como una plaza segura para sus inversiones", afirmó Carmona.

De todos modos, el radical Oscar Aguad marcó su disgusto por el desconocimiento que existe de los acuerdos firmados con China y su par de bancada Miguel Angel Giubergia recordó que "la propia calificadora de riesgo china dijo que estamos en default" pero "igual venimos a tratar esta ley".

El diputado Federico Sturzenegger confirmó el apoyo en general del PRO al proyecto porque advirtió que "entendemos que hay una finalidad general, pero también hay una inmediata que es aprobar los convenios con China".

Martín Lousteau (SUMA+UNEN) marcó que "si para mejorar nuestra condición en el litigio con los fondos buitres se está aprobando una Ley a las apuradas, estamos en problemas", en tanto que Elisa Carrió (CC-UNEN) atribuyó al Gobierno una "incompetencia feroz" y afirmó que "como Parlamento no podemos aprobar esta ley".

Por su parte, Néstor Pitrola (Frente de Izquierda) indicó por su sector que “no queremos a China como socio para defender nuestros recursos" y ratificó su oposición al proyecto.

La Ley establece la inmunidad de "los bancos centrales extranjeros u otras autoridades monetarias extranjeras a la jurisdicción de los tribunales argentinos" siempre y cuando no exista "consentimiento expreso manifestado por escrito", entre otras condiciones.

A su vez, el texto ordena a la Argentina a suscribir convenios internacionales para que los activos del Banco Central gocen de la misma inmunidad frente a eventuales embargos de tribunales foráneos.