La mayor cantidad de causas que tramitan en el país sobre violación a la denominada ley de estupefacientes (23737) es por la figura de tenencia para consumo personal, en un 38 por ciento, seguidas por comercio de drogas, en un 35 por ciento. Pero sólo en el 3 por ciento de ese universo se investiga el delito de contrabando de estupefacientes, una de las más graves conductas reprimidas por esa ley, señaló por Continental Félix Crous, fiscal a cargo de la Procunar, órgano que elaboró el informe.

Las jurisdicciones federales que presentan mayores proporciones de procesos iniciados por estupefacientes en relación a las causas abiertas por otros delitos son Rosario, con un 68 por ciento; Córdoba, con un 66; Mendoza, 64; y Resistencia, con 61. Los números forman parte de las conclusiones de un relevamiento realizado por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) en base a todas las investigaciones registradas durante 2012 en el sistema informático del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Fiscalnet, que incluye puntualmente el procesamiento de la información de las fiscalías nacionales en lo criminal federal de todo el país y en las fiscalías nacionales en lo penal económico con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Entre las zonas que presentan mayores proporciones de causas iniciadas por tenencia para consumo personal con respecto al total de las pesquisas iniciadas por estupefacientes se destacan Mendoza, con el 61 por ciento; Córdoba, 52 por ciento; Resistencia, 51 por ciento; y la Ciudad de Buenos Aires, 41 por ciento.

En tanto, las jurisdicciones con mayor proporción de causas por comercio, almacenamiento y transporte de estupefacientes, son La Plata, 93 por ciento; Corrientes, con el 90 por ciento; Mar del Plata, 78 por ciento; San Martín, 88 por ciento; y Bahía Blanca, 63 por ciento. No obstante, esos valores son relativos para Mar del Plata, San Martín, Bahía Blanca y La Plata, dado que las cuatro se encuentran dentro de la Provincia de Buenos Aires, adherida a la Ley de Desfederalización (26052), que permite la persecución a la justicia provincial de delitos vinculados al narcotráfico.

El informe destaca que "las jurisdicciones federales competentes en el territorio de la Provincia de Buenos Aires se posicionan – relativamente – entre las jurisdicciones con menores cantidades de causas iniciadas por estupefacientes", ante el Poder Judicial de la Nación. "Esto refleja el impacto de la llamada Ley de Desfederalización de estupefacientes, cuya implementación en la Provincia de Buenos Aires desde el año 2005 habilitó a la justicia provincial para entender en ciertas figuras", añade el informe.

Además de Buenos Aires, Córdoba (desde el 1° de diciembre de 2012) y Salta (desde el 1° de enero pasado) son las provincias en las que rige esa ley, por lo que impacto de esa norma en los números del informe preparado por la Procunar, que trabajó sobre los datos de 2012, sólo puede observarse con claridad en territorio bonaerense. Respecto del contrabando de estupefacientes, que sólo es perseguido en el 3 por ciento del total de las causas por drogas, las dos jurisdicciones con mayor porcentaje son la Ciudad de Buenos Aires con el 14 por ciento, y Posadas, con el 8.

El trabajo también propone abstraerse de las jurisdicciones federales que integran la Provincia de Buenos Aires y observar la cantidad de causas iniciadas por estupefacientes cada 100 mil habitantes. En ese caso, la nómina sigue liderada por la Ciudad de Buenos Aires, con 271 causas, y la siguen Salta (122), Mendoza (112), Comodoro Rivadavia (93) y General Roca (89). Otro de los puntos relevados por la Procunar tiene que ver con la dirección de las investigaciones. Casi tres de cada cuatro causas (72 por ciento) son instruidas por los jueces federales. Sólo en un 28 por ciento de los casos, la instrucción está a cargo de los fiscales.

Esto ocurre por la aplicación discrecional de la delegación de la pesquisa en la fiscalía que le otorga a los magistrados el artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación. Y, por otro lado, por lo dispuesto en el artículo 353 bis del mismo cuerpo normativo, que pone en manos de las fiscalías las causas que tienen personas imputadas sorprendidas en flagrancia y sobre quienes los jueces consideraron que no correspondía dictar su prisión preventiva.

En ese marco, Bahía Blanca, con un 96 por ciento, es la jurisdicción con más concentración de causas en manos de los jueces, seguida por Paraná (93 por ciento), la Ciudad de Buenos Aires (91 por ciento), San Martín (89 por ciento), Comodoro Rivadavia (87 por ciento), General Roca (85 por ciento) y Mendoza (84 por ciento).