Continúa la ofensiva de jueces y fiscales para impedir las reformas de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. En las últimas horas, los máximos dirigentes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios decidieron presentarse esta semana ante la Justicia para impedir la asunción de 18 fiscales subrogantes, prevista para el 2 de febrero. Además, se presentan tres denuncias contra Gils Carbó por parte de abogados y un pedido de juicio político del massismo, así como dos amparos de legisladores del PRO y del Frente Renovador.
 
Los cuestionamientos admiten que efectivamente los funcionarios designados como subrogantes son fiscales que llegaron al cargo por concurso y con acuerdo del Senado, pero ese acuerdo les fue dado para que actúen como fiscales en otros tribunales y en otras jurisdicciones, y no donde Gils Carbó los colocó como subrogantes mediante una resolución administrativa. Aducen que el nuevo Código Procesal Penal en el que se basó Gils Carbó “no estaba aún operativo y son necesarias leyes de implementación”.
 
Por Continental, Carlos Donoso Castex, presidente de la Asociación de Fiscales, denunció “politización” en los nombramientos de fiscales y dijo la que “mayoría” son de la agrupación Justicia Legítima, que definió como “kirchnerista”. “Hubo una ola de designaciones y concursos que avanzaron y se ha designado a mucha gente muy novel y sin experiencia que rápidamente accede a determinados cargos y responsabilidades con una velocidad impresionante”, arguyó en La Mirada Despierta.