La jueza de Nueva York, Loretta Preska, emitió un fallo en el que establece que la República Argentina deberá pagar 16.000 millones de dólares al fondo Burford por la expropiación de las acciones de YPF pertenecientes a Repsol y al grupo Eskenazi.

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, expresó su desacuerdo con la expropiación y afirmó que el kirchnerismo debería ser quien pague por ello. Por su parte, Carolina Píparo, diputada y candidata a gobernadora de Buenos Aires por La Libertad Avanza, calificó la estatización de YPF como una estafa y responsabilizó a Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires y ministro de Economía en ese momento.

Victoria Villarruel, del partido de Javier Milei, también criticó la expropiación y responsabilizó al kirchnerismo, Kicillof y a los diputados de la oposición. El radicalismo, a través de Mario Negri, destacó que la ley de estatización no fue la causante de estos juicios, sino el acuerdo entre Kicillof y Repsol, al que la UCR se opuso.

Juliana di Tullio, senadora nacional, salió en defensa del gobierno y cuestionó a los macristas por celebrar un fallo que considera perjudicial para los intereses argentinos, a pesar de haber votado mayoritariamente a favor de la recuperación de YPF.

Por su parte, el gobernador bonaerense y exministro de Economía, Axel Kicillof, señalado por la oposición como responsable de la expropiación, replicó que, si le dan Vaca Muerta a la Provincia de Buenos Aires, ellos pondrán el dinero. Además, ha mencionado que pagarán al FMI los 45.000 millones de dólares que se fugaron durante el gobierno anterior.

Argentina tendrá que apelar el fallo ante la Cámara de Apelaciones y, en caso de no obtener el resultado deseado, recurrir a la Corte Suprema de Justicia. Hasta ahora, el país ha perdido todas las apelaciones realizadas.