En una sesión signada por la discusión en torno a la situación del vicepresidente Amado Boudou, el oficialismo en el Senado convirtió en ley el polémico proyecto que limita la responsabilidad del Estado y de los funcionarios al derecho administrativo. Con fuertes críticas de la oposición, los K debieron recurrir a su mayoría para convalidar la iniciativa, con 38 votos positivos y 23 negativos.

El texto puntualiza que las disposiciones del Código Civil no se pueden aplicar al Estado de “manera directa o subsidiaria”. Y que las demandas contra el Estado quedarán sujetas al fuero Contencioso Administrativo.

Durante el debate, hubo acusaciones cruzadas. Si bien la oposición rechazó diversos aspectos del proyecto, los principales cuestionamientos giraron en torno la inmunidad civil que, una vez que Cristina promulgue la ley, tendrá el Estado ante un hecho que perjudique a ciudadanos y empresas. Y, tal como había sucedido en noviembre en Diputados, cuando el proyecto obtuvo media sanción, el ejemplo emblemático que sobrevoló la sesión fue el de la tragedia de la Estación de Once. Es que los damnificados de un accidente como el ocurrido hace dos años no podrán reclamarle al Estado y a los funcionarios, sino que deberían accionar directamente contra el concesionario.

Así lo deja en claro el artículo 6 del proyecto, cuando señala que “ el Estado no debe responder ni aún de manera subsidiaria por los perjuicios causados por los concesionarios a los cuales se les atribuya o encomiende un cometido estatal, cuando la acción u omisión sea imputable a la función encomendada”.

El tema de la responsabilidad de los funcionarios, eje de los cuestionamientos en Diputados, quedó relegado a un segundo plano, ya que el artículo 9 de la ley determina que los agentes públicos deben responder por los daños que causen en el ejercicio de sus funciones. De todos modos, algunos opositores mantuvieron sus críticas. "Es una ley que blinda a los funcionarios de su responsabilidad", afirmó el senador socialista Rubén Giustiniani.

Por Continental, el radical Mario Cimadevilla consideró que la ley sancionada “tiene coherencia con la normativa del 90 y que se ha venido repitiendo durante esta 'década ganada'”, y citó una serie de leyes aprobadas durante la gestión menemista y la actual, a las que sumó la de responsabilidad del Estado. “Todas responden a un mismo patrón, a que el Estado no es responsable”, arguyó en La Mirada Despierta.