Para el diputado radical Manuel Garrido, “el memorándum que tiene media sanción del Senado no asegura que se pueda realizar una declaración indagatoria con las formalidades imprescindibles para el progreso de la causa que se sigue por el ataque a la AMIA. Tampoco es cierto que luego de aplicarse el tratado la situación actual no experimentaría retroceso alguno”, alertó en Magdalena Tempranísimo.

“En condiciones normales, la declaración indagatoria se basa en la cooperación del imputado o, en su defecto, en el ejercicio de la fuerza por parte del juez, que puede hacerlo comparecer y mantenerlo mientras se cumplen los pasos formales del acto. Aunque se niegue a declarar, eso no exime al juez de la obligación de hacerle saber al imputado cuáles son los hechos de los que se le acusa y cuáles son las pruebas en su contra. Además, el imputado debe designar un abogado defensor o, en su defecto, el Juez debe designarle un defensor oficial”, puntualizó.

“El memorándum sólo habla de interrogatorio, por lo que es posible que no pueda superarse la oposición de los imputados a que se cumplan todos estos pasos formales, lo que podrían concretar simplemente retirándose del lugar sin que las autoridades judiciales argentinas puedan evitarlo, ya que todo lo que hagan será con la venia o a través del juez iraní, que es forzosamente quien tomará las decisiones”, explicó Garrido.

“El Gobierno argentino tampoco ha puesto límites a un probable y riesgoso retroceso. Fundamentalmente porque la Comisión de la Verdad que se creará deberá llevar adelante una revisión detallada de la evidencia relativa a cada uno de los acusados sin que el memorándum establezca cuál es el estándar con el que evaluará las pruebas”, añadió.

Para Garrido, “los riesgos que se asumen exceden avances que sólo se imaginan o desean sin haber tomado los recaudos básicos para que se concreten”.