La presidente Cristina Kirchner giró al Congreso para su tratamiento un proyecto de ley que plantea abrir un tercer canje de deuda para el 7 por ciento de los bonistas que no aceptaron las dos reestructuraciones anteriores (en 2005 y 2010). Además, propuso reemplazar los títulos que se cobran en Nueva York por otros bonos que serán pagaderos en la Argentina, en dólares, con el monto ya acordado y en los plazos originales.

La redirección de los desembolsos "será voluntaria y no está contemplada en el proyecto de ley porque el Ministerio de Economía está facultado para tomar esa decisión sin pasar por el Congreso", explicó ayer en el Senado el viceministro del Palacio de Hacienda, Áxel Kicillof.

El cambio de jurisdicción de los pagos fue pensado por el Ejecutivo ante el temor del embargo de los fondos que se les abona a los bonistas que sí aceptaron los canjes de deuda, en caso de un fallo adverso de la Corte Suprema de los EEUU, que pondría a la Argentina en una situación de default.

Ayer, Kicillof admitió que una sentencia favorable para los holdouts que iniciaron el litigio "nos vuelcan a un default, porque nos vuelcan a un no pago", aseguró y agregó: "Nos reclaman que les paguemos a los fondos buitre para que después vengan todos los otros a reclamar".

En este cambio de estrategia del equipo económico nacional, en respuesta al fallo adverso del viernes de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que ratificó la orden del juez federal Thomas Griesa favorable a los tenedores de bonos en default, este magistrado evaluará hoy si mudar los pagos a Buenos Aires viola su sentencia.

El magistrado del distrito federal de Nueva York convocó a una audiencia a las 13, hora argentina, con los fondos demandantes y con los abogados que representan a la Argentina, el estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, publica el diario La Nación.

Y precisa que fuentes ligadas a la causa indicaron que la reunión de hoy es consecuencia del anuncio de buscar pagar en el país los bonos que hoy se abonan en el extranjero. En ese sentido, señalaron que el magistrado evaluará formalmente si la Argentina violó su sentencia como una forma de eludir el fallo que él dictó en favor de los holdouts.



En marzo del año pasado, Griesa determinó que la Argentina violó la cláusula de tratamiento igualitario, conocida como "pari passu", al no cumplir con el reclamo de pago de los demandantes, pese a que éstos no aceptaron entrar a los canjes para salir del default.

Por esta razón, ordenó pagarles el 100% de los US$ 1333 millones que reclamaban y también advirtió en esa ocasión que el Gobierno no podía alterar el mecanismo de pagos a los bonistas reestructurados con el objeto de eludir el cumplimiento de la sentencia. La postura de los abogados de los demandantes es que, con el anuncio del lunes, el Gobierno violó esa orden judicial.

"El mandamiento judicial le prohibía a la Argentina tomar cualquier acción para evadir las directivas de Griesa de febrero del 2012", explicó una fuente ligada al caso.

Pero ese mandamiento también incluía "sin limitación, la posibilidad de alterar o enmendar el proceso o los mecanismos específicos de transferencia de los pagos a los bonistas reestructurados sin una aprobación previa de la justicia", expresó el juez de Manhattan en el segundo punto de su sentencia de 2012.



El juez podría declarar en desacato -un delito grave en los Estados Unidos- al Gobierno nacional, a los bancos que transfieren sus fondos y hasta a los bonistas que aceptaron los canjes para salir del default. Los abogados de los demandantes plantearán este escenario en la audiencia, añade el matutino.

Además, sostiene que uno de esos letrados expresó que colocar a la Argentina "en desacato con la Corte" no tendrá mayores consecuencias prácticas para el país, pero sí para todos el resto de los actores del canje: bancos, depositantes, bonistas reestructurados.

Otro abogado, que sigue el expediente de cerca, opinó distintos y consideró que "en los hechos, la Argentina no podría cumplir con su intención de cambiar a Buenos Aires el lugar y la legislación de pago a los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y de 2010".

En tanto, un tercer profesional, que ejerce en Nueva York, consultado por La Nación consideró que "el anuncio del Gobierno es totalmente absurdo" porque, a su criterio, "aún hay bastante tiempo hasta que la Corte Suprema se pronuncie sobre la posibilidad de estudiar el expediente o no". Por eso -opinó-los jueces de EEUU "tomarán como un insulto y un abierto desafío" la idea de cambiar la plaza de pago de los bonos.

Mientras tanto, ayer, los acreedores que no ingresaron al canje enviaron un escrito al máximo tribunal, al que tuvo acceso Infobae, para que rechace una revisión del caso. Dicen que el Gobierno argentino se "burla" del tribunal. Rechazan reapertura del canje y mudar pagos a Buenos Aires. "Cristina Kirchner no dejó duda de que evadirá el fallo", opinaron en el escrito en el que le piden a la Corte que no considere el caso argentino.