Kicillof evitó dar precisiones sobre el acuerdo con Repsol
El ministro de Economía se amparó en "cuestiones de confidencialidad" para no informar sobre la posible indemnización a la firma española.
No habrá información sobre el preacuerdo entre el Gobierno argentino y la empresa española Repsol por la expropiación del 51% de YPF. Así lo aseguró hoy el ministro de Economía, Axel Kicillof, quien se amparó hoy en "cuestiones de confidencialidad" para no dar detalles sobre el plan para indemnizar a la compañía.
"Cimbronazo bursátil". Ésas fueron las palabras que escogió el ministro de Economía, Axel Kicillof, al referirse a las posibles consecuencias de revelar el monto del preacuerdo con Repsol. En el marco de la 61° Convención de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), el funcionario aseguró ante la prensa que tanto el cauce de las negociaciones como el monto no se pueden revelar.
"El principio de acuerdo está sometido a confidencialidad. No se puede hablar de valores cuando cualquier número afecta las acciones y podría generar un cimbronazo bursátil", aseguró el funcionario. Y enfatizó: "El gobierno argentino ha cumplido con esa confidencialidad y la va a mantener".
Para el ministro de Economía, Repsol avanzó "precipitadamente" al dar números de entre 10.500 y 15.000 millones de dólares por la compensación, presentando demandas en diversos fueros como el CIADI. "No me pidan muchas precisiones porque YPF, Repsol y Pemex son sociedades abiertas que cotizan en bolsa". Con respecto a Pemex, subrayó que la empresa mexicana estaba "muy interesada en que se hiciera el acuerdo".
Sin embargo, fuentes del mercado aseguran que serían unos u$S5.000 millones. El Comité Directivo de Repsol analizará la oferta argentina en el transcurso del miércoles en Madrid. El monto que deberá pagar el gobierno nacional es en concepto de resarcimiento por la expropiación del 51% de las acciones que estaban en poder de Repsol hasta abril de 2012.
Según Kicillof, "se debe dar una compensación a Repsol, que conservó un 12% de las acciones y es dueño de esa proporción de la compañía", pero desde la nacionalización el control pasó a manos del Estado. "La ley que dictó el Parlamento marca que se debe indeminizar a la empresa, y entre las opciones, se puede negociar" con la otra parte.