El Consejo autorizó al presidente de la entidad, el juez de Casación Luis María Cabral, a otorgar los poderes judiciales para iniciar esas acciones, que estarán a cargo de los abogados constitucionalistas Alberto García Lema y Enrique Paixao.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional mantiene una postura crítica hacia los proyectos de la denominada “democratización de la Justicia” que encara el gobierno nacional.

Cabral, quien lleva adelante su segunda presidencia consecutiva, y su antecesor, Ricardo Recondo, sostienen en líneas generales un rechazo manifiesto contra los manejos del Ejecutivo respecto del Poder Judicial.

La Asociación recibió días atrás una nota en la que la mayoría de los jueces del fuero penal nacional manifestaron su “beneplácito y apoyo con motivo de las gestiones que esa Asociación ha encarado en pos de preservar la independencia del Poder Judicial de la Nación así como mantener intacta la supremacía de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como cabeza de aquél”.

La nota fue firmada por los jueces Alberto Baños, Roberto Ponce, Ricardo Warley, Ernesto Botto, Silvia Ramond, Guillermina Martínez, Omar Peralta, Alicia Iermini, Wilma López, Mónica Berdion de Crudo, Facundo Cubas, Guillermo Carvajal, María Dolores Fontbona de Pombo, Guillermo Rongo, Yamile Bernan, Hernán López, Diego Slupski, Javier Ríos, Laura Bruniard, Marìa Rita Acosta, Fernando Caunedo, Jorge de Santo, Elizabeth Paisan, Luis Zelaya, Manuel de Campos, Ricardo Farias, Karina Zuconi, Gustavo Pierretti, Fabiana Palmaghini, Jorge López, Osvaldo Rappa, Rodrigo Pagano Mata, Rodolfo Cresseri, Marcelo Conlazo Zavalía, Santiago Quian Zavalía y Eduardo Daffis Niklison.