La Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha confirmado, en una resolución emitida este lunes, que la causa por violencia de género iniciada por Fabiola Yáñez contra el expresidente Alberto Fernández no será trasladada a los tribunales de San Isidro, como lo solicitaba la defensa del exmandatario. En cambio, el caso continuará en los tribunales federales de Retiro, bajo la supervisión del juez federal Julián Ercolini y del fiscal Ramiro González.

El juez Eduardo Farah, integrante de la sala II de dicho tribunal, respaldó la decisión de Ercolini, argumentando que el pedido de cambio de jurisdicción por parte de Fernández es "prematuro". Farah señaló que es necesario concluir ciertas medidas de prueba antes de determinar si el caso corresponde al fuero federal o al ordinario.

En la resolución, Farah destacó que, antes de tomar una decisión sobre la jurisdicción correspondiente, es esencial esclarecer "las circunstancias de modo, tiempo y lugar de cada uno de los hechos", los cuales incluyen instigación a un aborto, lesiones reiteradas y amenazas coactivas en perjuicio de Fabiola Yáñez, así como cualquier posible acción u omisión de funcionarios públicos. Estos elementos son clave para definir si los hechos son interdependientes o independientes, y, en consecuencia, si la investigación debe ser unificada o separada, así como la jurisdicción territorial aplicable.

Farah también hizo mención de un tema que, hasta el momento, ha sido desatendido por las partes involucradas: la necesidad de justificar la competencia federal basada en la materia. En este sentido, subrayó que, si la causa recae en el fuero federal, será necesario explicar la naturaleza federal de los hechos y realizar las diligencias pertinentes para esclarecer los aspectos fácticos y normativos necesarios que permitan una correcta determinación de la competencia, tanto en aspectos materiales como territoriales o en función de la conexión entre los sucesos denunciados.

Por otro lado, la fiscalía, liderada por Ramiro González, ha imputado a Fernández por "delitos de lesiones leves y graves, doblemente agravadas", así como por "amenazas coactivas" en relación a su expareja. Los hechos imputados abarcan un total de nueve incidentes que tuvieron lugar en la Quinta de Olivos, así como en el departamento donde ambos convivieron, tanto durante como después de la presidencia de Fernández, e incluso en Madrid.