Luego de la denuncia formulada por el Gobierno, la Corte resolvió separar al juez Luis Armella de la causa por el saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo y denunciarlo ante el Consejo de la Magistratura.

Fuentes judiciales indicaron que el Máximo Tribunal también presentó ante la Cámara Federal porteña una “denuncia penal contra todos los sospechados” por las presuntas irregularidades en la contratación de obras para el saneamiento de la cuenca.

La Corte también “suspendió el trámite de la causa hasta que se que designe el nuevo juez, lo que estimó ocurriría en 10 o 15 días” y aclaró que podría tratarse de “uno, dos o tres magistrados” los que continúen con la voluminosa causa.

El Gobierno Nacional denunció este lunes penalmente a Armella y pidió al Consejo de la Magistratura que impulse su juicio político por "mal desempeño de sus funciones", debido a las irregularidades detectadas en las contrataciones de las obras de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.

Armella, titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, fue designado por la Corte Suprema de Justicia en julio de 2008 como responsable de la ejecución de la sentencia en la causa por daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza Riachuelo, que ordena medidas protectoras en relación a la contaminación de la cuenca.

Además encomendó a la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, ACUMAR, mejorar la calidad de vida de los habitantes, la recomposición del ambiente y la prevención del daño.

Sin embargo, según notas publicadas en el diario Página 12, luego ratificadas por un informe de la Auditoría General de la Nación, existirían serias irregularidades, en particular por la obtención de contratos millonarios sin licitación por parte de empresas vinculadas al juez, en el marco del plan integral de saneamiento ambiental que el propio Armella debía supervisar.

De hecho, el 29 de agosto último la Corte Suprema ordenó al magistrado que informara detalladamente todo lo relacionado a esas publicaciones, y a la Auditoría General de la Nación que elaborara un informe sobre las contrataciones efectuadas.
El 9 de octubre último la Auditoría ratificó las irregularidades en las contrataciones, reforzando así la sospecha sobre el desempeño del cuestionado juez.

Según la denuncia presentada por el gobierno, el modus operandi de Armella consistía primero en fijar plazos brevísimos para la realización de obras por lo cual la ACUMAR u otros organismos involucrados en su ejecución se veían forzados a eludir los mecanismos de licitación y realizaban contrataciones directas que terminaron beneficiando a un grupo de empresas que no sólo están relacionadas entre sí, sino que también estarían vinculadas al propio magistrado.

Los cargos contra Armella son “estafa contra la administración pública”, “violación de los deberes de funcionario público” y “negociaciones incompatibles con la función pública”, con pena de hasta seis años de prisión e inhabilitación perpetua y ante el Consejo por “palmario mal desempeño” en sus funciones que lo llevó a “perder las condiciones necesarias para continuar en el ejercicio de su cargo”.

El Auditor General de La Nacion, Leandro Despouy, aseguró en diálogo con Continental que "lo realizado por la Corte Suprema fue una decisión muy importante, porque le pidió al Estado que haga lo que debe hacer en relación con el compromiso al que se sometió".