El juez en lo Comercial Gerardo Santicchia avaló hoy la continuidad de la imprenta Donnelley y concedió la locación de la empresa a la Cooperativa “MadyGraf", integrada por los trabajadores que desarrollaban sus tareas allí, luego que la AFIP considerara fraudulenta la presentación de quiebra de la compañía.

Fuentes judiciales informaron a Télam que a partir de la decisión del titular del juzgado Comercial 19, los trabajadores podrán continuar con la operación de la imprenta, lo que implica también que deberán abonar un canon por dicha locación, como así cumplimentar los requisitos vinculados a la explotación.

La AFIP había solicitado el 14 de agosto, solo tres días después de que se decretara la quiebra de la firma de capitales estadounidenses, que se la deje sin efecto por considerarla fraudulenta y que se decrete la continuidad de la explotación para resguardar los 400 puestos de trabajo existentes.

La empresa Donnelley presentó su quiebra el 8 de agosto y le fue concedida 3 días más tarde, algo que fue leído por el gobierno nacional como una medida "extemporánea y planificada" a la que le siguió el cierre prácticamente simultáneo de la imprenta, al considerar que no existían "razones económicas ni productivas" para semejante decisión.

En ese contexto, el Gobierno -a través de la AFIP- presentó un pedido de revocatoria de quiebra ante la justicia comercial fundado en que la empresa no tenía una deuda significativa, sus activos eran superiores al pasivo y no registraba oscilaciones en su producción durante los últimos años.

A raíz de la presentación de la AFIP, Santicchia, a cargo de la quiebra RR Donnelley Argentina S.A., concedió la locación de la planta de la empresa a la Cooperativa "MadyGraf", en un aval a la continuidad de las actividades productivas y comerciales de la firma.

Las fuentes vinculadas al caso explicaron que a partir de esta instancia "los trabajadores deberán abonar un canon por dicha locación, como también cumplimentar todos los requisitos ineludibles, propios de la explotación".

Así, la cooperativa tendrá que evaluar la contratación de seguros contra incendio y destrucción de los bienes, con pólizas endosadas a nombre de la quiebra, por el establecimiento y también por los accidentes de trabajo de las personas que trabajen en él (ART).

También la cooperativa tendrá que cumplir sus obligaciones en materia societaria y sus presentaciones al Instituto Nacional de Economía Social (INAE) de registro de las operaciones; y cumplir con las presentaciones a los organismos de contralor de la actividad que desempeña.

En materia de obligaciones impositivas la cooperativa deberá mantener la vigencia de las habilitaciones y permisos (nacionales, provinciales y municipales) para el funcionamiento de la planta industrial en el predio de la localidad bonaerense de Garín.

Además, la cooperativa deberá contratar un seguro de caución por el pago del canon de todo el período locativo y abonar los montos que deberá establecer la sindicatura.

La AFIP, al realizar su presentación judicial, consideró que el propio balance de la compañía indicaba que la liquidez al 31 de Diciembre de 2013 era de casi 600 millones de dólares superior al ejercicio anterior.

De esa manera, el activo de la empresa era superior al pasivo, es decir tenía un patrimonio neto positivo integrado por un activo de 180 millones de pesos, y un pasivo de 140 millones de pesos.

En el balance, Donnelley registraba ganancias reservadas de 20.200.000 de pesos para futura distribución de dividendos, mientras que la firma recibió aportes de sus accionistas por $3.000.000 en efectivo en noviembre de 2013, según sus propios estados contables.

El gobierno también efectuó una denuncia ante la Justicia Federal, que recayó en el juez Daniel Rafecas por infracción de la Ley de Delitos Económicos 26.733, para que se investigue la comisión de una quiebra fraudulenta.

En esa misma línea, la Comisión Nacional de Valores -por entonces presidida por el actual titular del Banco Central, Alejandro Vanoli- realizó una presentación ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, por el supuesto accionar fraudulento de Donnelley.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner acusó a Donnelley por desarrollar una quiebra "falsa" y vinculó a esa empresa con el fondo buitre NML, de Paul Singer, al que responsabilizó de tejer un "entramado mafioso" para perjudicar al paí­s.