La Justicia ordena la entrega de alimentos retenidos a comedores comunitarios
Esta medida se enmarca en una investigación iniciada a raíz de una denuncia penal contra el gobierno de Javier Milei por la presunta interrupción de la entrega de alimentos a comedores comunitarios. En este contexto, se ha solicitado a Sandra Pettovello que informe en tres días sobre las toneladas de alimentos almacenadas en los depósitos. El Gobierno apelará.
El juez federal Sebastián Casanello ha ordenado al Ministerio de Capital Humano que presente, en un plazo de tres días, un plan de distribución inmediata de alimentos que se encuentran en depósitos o galpones para los sectores que padecen inseguridad alimentaria.
Asimismo, ha emitido una orden de presentación para que se informe detalladamente sobre la cantidad, tipo, fecha de vencimiento y demás aspectos relacionados con los alimentos hallados en los depósitos, que podrían superar los 5 millones de kilos de comida adquiridos por la administración anterior.
Esta medida se enmarca en una investigación iniciada a raíz de una denuncia penal contra el gobierno de Javier Milei por la presunta interrupción de la entrega de alimentos a comedores comunitarios. En este contexto, se ha solicitado a Sandra Pettovello que informe en tres días sobre las toneladas de alimentos almacenadas en los depósitos.
Organizaciones sociales, como el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) liderado por Juan Grabois, han presentado denuncias contra Pettovello por presunto incumplimiento de sus deberes como funcionaria pública, al no garantizar la entrega de alimentos en comedores barriales y comunitarios en todo el país.
En este sentido, se han realizado gestiones para que el Ministerio de Capital Humano no interrumpa la entrega de alimentos secos a comedores comunitarios y merenderos, en cumplimiento de la Ley 25.724, la cual establece el Programa Nacional de Nutrición y Alimentación como parte del deber indelegable del Estado de garantizar el derecho a la alimentación de toda la ciudadanía.
Además, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), junto con diversas organizaciones y el Centro de Estudios Legales y Sociales, han solicitado una medida cautelar para que el Ministerio de Capital Humano asegure el derecho a la alimentación de la población.
El Gobierno ya anticipó que apelará la medida.