Se postergó para el próximo jueves 21 de noviembre la sesión destinada a tratar la ley que busca limitar los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsada por Javier Milei. El oficialismo sostiene que la propuesta representa un posible "abuso político" y que su implementación podría obstaculizar el funcionamiento de la administración del Presidente. 

La sesión especial estaba programada para este martes a las 15 horas y tenía como propósito principal debatir y votar un proyecto que no solo busca modificar la legislación sobre los DNU, sino también derogar el decreto 846, que facultaba al Ejecutivo a realizar el canje de deuda sin la necesidad de la aprobación del Congreso. 

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expresó en declaraciones realizadas este martes que ciertos sectores estarían intentando implementar mecanismos para "poner trabas" a la gestión de Milei. En este contexto, calificó el proyecto como un intento de interferir en las decisiones que corresponden al Presidente. 

Previo a la sesión en la Cámara de Diputados, los análisis preliminares indicaban una leve ventaja para los bloques convocantes, que incluyen a Unión por la Patria (UP), Encuentro Federal (EF) y el sector radical de la coalición de la Unión Cívica Radical. Sin embargo, en un giro de último momento, el Gobierno intensificó su presión sobre los gobernadores de las distintas provincias, lo que resultó en una reducción del apoyo hacia la convocatoria y en la consecuente falta de quórum para llevar a cabo la sesión. 

Para garantizar la disminución de votos en su contra, el oficialismo logró un acuerdo con los gobernadores para la emisión de un dictamen relacionado con el proyecto de Presupuesto 2025, compromiso que se espera sea cumplido este jueves. Adicionalmente, los gobernadores han solicitado al Ejecutivo la compensación correspondiente al consenso fiscal, la cancelación de deudas vinculadas a las cajas previsionales que no han sido transferidas a la ANSES, la distribución de un porcentaje de los fondos no ejecutados de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), así como el cese de las asignaciones específicas provenientes del impuesto a los combustibles, demandando que estos recursos sean distribuidos equitativamente entre las provincias.