La Justicia de Tucumán ha decidido atender la solicitud de los abogados de tres de los cuatro ex jugadores de Vélez, acusados de agresión sexual, y otorgarles la libertad. José Florentín, Braian Cufré y Abiel Osorio, quienes estaban bajo arresto domiciliario en la provincia, podrán dejar la residencia en la que estaban alojados en un country en las próximas horas. No obstante, la petición de Sebastián Sosa para salir del país y continuar su carrera futbolística en Uruguay fue denegada por el juez Sebastián Mardiza.

La jueza Eliana Gómez Moreira había determinado previamente un arresto domiciliario de 90 días para los tres futbolistas; específicamente, el 21 de marzo, un período que finalizaba el 18 de junio. Tras múltiples intentos de sus defensas, que previamente habían sido denegados, finalmente se les otorgó la libertad bajo ciertas condiciones. Los acusados deberán establecer un domicilio en Buenos Aires, presentarse mensualmente en los Tribunales de Tucumán y no podrán abandonar el país sin autorización judicial. 

El 3 de marzo, una joven denunció haber sido víctima de un ataque sexual en una habitación del hotel Hilton, ubicado en Tucumán. Los acusados fueron Cufré y Florentín, señalados como autores del abuso agravado por la participación de dos o más personas, y Osorio, acusado de abuso con acceso carnal. Sosa, arquero uruguayo, fue imputado como partícipe secundario y se le permitió continuar el proceso en libertad, con la obligación de presentarse cada quince días en Tucumán. 

La denuncia, presentada por una joven periodista, llevó a la intervención de la fiscal Eugenia María Posse, quien posteriormente fue sustituida por su colega Adriana Reinoso Cuello. La gravedad de las acusaciones y la implicación de figuras públicas del ámbito deportivo mantuvieron el caso en el ojo de la opinión pública. 

La decisión judicial de concederles la libertad no exime a los acusados de responsabilidades ni de la continuidad del proceso legal. Deberán cumplir con estrictas restricciones, incluyendo la obligación de residir en Buenos Aires, presentarse mensualmente en Tucumán y la prohibición de salir del país sin previa autorización. Estas medidas buscan asegurar que los imputados estén disponibles para cualquier diligencia judicial que requiera su presencia.