El juez federal Ariel Lijo procesó por presunta defraudación a dos abogados, que cobraron dinero con el pretexto de destinarlo a jueces y fiscales para obtener la libertad de un ciudadano español detenido en la Argentina con fines de extradición.

La medida recayó sobre Marcelo Humberto Fernández y Francisco José Chiarelli quienes, según constancias del sumario, habrían exigido entre octubre de 2008 y marzo de 2009 15.000 euros y 100.000 dólares a la esposa de José Emilio Rodríguez Menéndez.
Los letrados le habían dicho a la mujer que la única forma de lograr la libertad era con dinero y así, además de la exigencia inicial, llegaron a reclamar otros 3.500 euros para que el detenido fuera trasladado de pabellón en el penal de Devoto, porque en el que estaba “corría peligro su vida”.

De acuerdo con el auto de procesamiento, los abogados habrían argumentado ante la mujer que los 15.000 euros tenían como fin pagarle al juez -el federal número 8- y al fiscal de causa.

Cuando la Sala I se opuso a la excarcelación de Rodríguez Menéndez, con varias condenas en España según su ex defensor, y requerido desde ese país por supuesta estafa, los abogados le dijeron que era porque no se había cumplido con el pago de la suma pretendida, unos 100.000 dólares.

El detenido renunció a la defensa de Chiarelli y mantuvo la de Fernández, quien aseguró haber sido estafado por su colega, pero en junio de 2009 presentó la denuncia contra los abogados.

En setiembre de 2011 los abogados fueron sobreseídos, pero apeló el fiscal Federico Delgado y la cuestión llegó a la Sala II de la Cámara Federal que, con la firma de Martín Irurzun y Eduardo Farah, mandó profundizar la pesquisa.

“Las constancias reunidas en la causa me permiten afirmar” que Chiarelli y Fernández ”le exigieron” a Rodríguez Menéndez el pago de “al menos 18.500 euros y 100.000 dólares, bajo el pretexto de remunerar a los jueces y al fiscal que intervinieron en el marco del proceso” de extradición, expuso Lijo.

El magistrado concluyó que “los imputados utilizaron distintos artificios entre octubre de 2008 y marzo de 2009 destinados a engañar” al detenido y a su esposa, María Vanessa Palomar Legido, “provocándoles un perjuicio patrimonial con el pretexto de remunerar a distintos funcionarios públicos que intervinieron a lo largo del proceso de extradición”.

Desde que los letrados asumieron como defensores indujeron a error al matrimonio para “hacerles creer que realmente tenían la capacidad como para influenciar a los funcionarios públicos intervinientes”, agregó el juez.

“Tanto Chiarelli como Fernández se valieron de medios fraudulentos con el fin de ocasionarles un perjuicio patrimonial a Rodríguez Menéndez y a sus familiares, bajo el pretexto de remunerar tanto a jueces como al fiscal que intervinieron en la causa n° 14.438/08 donde tramitaba su extradición”, precisó.

Lijo apuntó, además, al intercambio telefónico entre la defensa y la esposa del detenido: hubo “406 llamados” entre octubre de 2008 y marzo de 2009”, lo que le llamó la atención, “y mucho más –subrayó- si tengo en cuenta que ambos se comunicaron en varias oportunidades por la madrugada y durante los fines de semana, es decir, en horarios en que los estudios no suelen atender sus cuestiones profesionales”.