El Senado le dio media sanción a los dos proyectos enviados por el Ejecutivo recientemente. Se trata de la reforma a la Ley de Abastecimiento y el que agrega a Francia como lugar de pago de la deuda. Ahora ambas iniciativas serán debatidas por Diputados.
 
El cambio voluntario de sede de pago para los bonistas que ingresaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010 fue aprobado por 39 votos del oficialismo y 27 en contra de la oposición, pese a los cambios incorporados a pedido de la oposición. También hubo dos abstenciones: Fernando “Pino” Solanas y Magdalena Odarda, ambos de UNEN. El texto también crea una Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Externa de la Nación. La Argentina podrá instrumentar un canje por nuevos títulos públicos regidos por legislación y jurisdicción local o por “legislación y jurisdicción de la República Francesa”.
 
El paquete de leyes de defensa del consumidor, que incluye cambios a la Ley de Abastecimiento, crear un Observatorio de Precios y un nuevo fuero en la justicia nacional sobre la materia, fue sancionado por 38 votos a favor y 27 en contra, salvo en la creación de un fuero nacional de defensa del consumidor, que recibió 53 votos a favor y 11 en contra, con el apoyo del radicalismo en general.

En los textos se establece que el Ejecutivo podrá intervenir en los “estados previos de la cadena de valor, sin contacto directo con el consumidor, fijando márgenes de utilidad, precios de referencia, así como niveles máximos y mínimos de precios para la provisión de bienes y servicios imprescindibles”. La iniciativa excluye de su alcance a las micro, pequeñas y medianas empresas que no posean posición dominante en el mercado”.
 
El proyecto prevé que frente a situaciones de desabastecimiento o escasez el Ejecutivo podrá disponer su producción aún a pérdida de la unidad económica, pudiendo esta pedir una compensación. Serán sancionados quienes suban artificial o injustificadamente los precios o que acaparen materias primas. Asimismo, las empresas deberán informar a la autoridad de aplicación sobre sus costos y ganancias, pero esta no podrá difundirlos.
 
El segundo proyecto crea un servicio de conciliación de las relaciones de consumo, la Auditoría en las Relaciones de Consumo y la Justicia Federal y Nacional en las Relaciones de Consumo. Finalmente, el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios será un organismo técnico para asistir a la Secretaría de Comercio en el monitoreo de los precios y la disponibilidad de Insumos.